'Falso positivo' judicial: El periodista de Anncol Joaquín Pérez Becerra es víctima de persecución política, denuncia su abogado, Rodolfo Ríos
por
Camilo Raigozo
Miércoles, 11 de Julio de
2012
El periodista Pérez Becerra fue entregado en violación
al DIH por las autoridades venezolanas al régimen colombiano; esta semana
empieza la segunda etapa de su proceso; hoy forma parte de los más de 9.500
presos políticos en Colombia, sufre burdos montajes judiciales. Denuncia su
abogado.
El abogado Rodolfo Ríos, uno de los defensores del periodista
colombo-sueco, Joaquín Pérez Becerra, detenido en Venezuela el 23 de abril del
año pasado, habló con Notimundo respecto del proceso penal que se le sigue al
comunicador.
El doctor Ríos denunció que el director de la Agencia de Noticias Nueva
Colombia, Anncol, es víctima de persecución política por parte del régimen
colombiano y sus derechos siguen siendo vulnerados sistemáticamente.
Por estas razones los apoderados de Pérez Becerra, Rodolfo Ríos y Ernesto
Moreno, se vieron obligados a instaurar una tutela ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, con la que se busca que se haga justicia y el
perseguido quede en libertad inmediatamente.
A continuación la entrevista:
¿Cuáles son las pruebas que hay contra el periodista Joaquín Pérez?
Principalmente las supuestamente obtenidas, de manera ilegal, en desarrollo
del operativo militar en la república del Ecuador, denominado Operación Fénix,
en donde fue muerto el señor Edgar Devia Silva, quien en las FARC, se llamaba Raúl Reyes, precisando que de conformidad al artículo 177 de la
Ley 906 de 2004, no proceden los recursos legales cuando la providencia del Juez
decide la práctica de una prueba.
¿Por qué son ilegales esas pruebas?
Con la Operación Fénix en territorio ecuatoriano, se vulneraron de manera
bárbara y abierta todas las disposiciones normativas de carácter nacional y
supranacional que integran el Bloque de Constitucionalidad y en tal sentido
todas las pruebas que se recolectaron en la escena de dicho operativo son
abiertamente ilegales desde todo punto de vista a la luz del derecho interno
e internacional, como sabiamente lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en la
Sentencia 29.877 de mayo 18 de 2011, en el caso del representante a la Cámara
Wilson Borja.
¿La detención del periodista en Venezuela se hizo de manera
ilegal?
Desde luego, por las razones que acabo de explicar. En la detención y
posterior entrega al Estado colombiano de Joaquín Pérez, tanto las autoridades
colombianas, como las venezolanas, violaron los tratados internacionales y lo
dispuesto en las constituciones y las leyes internas de cada país, sometiendo a
mi cliente a una grave injusticia.
¿Qué otras arbitrariedades han ocurrido en el proceso contra el director
de Anncol?
En primer lugar el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, quién adelanta el proceso contra Pérez Becerra, ha hecho caso omiso de
lo dispuesto en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y
demás leyes colombianas, confirmadas por la Corte Suprema de Justicia frente a
la ilegalidad de las supuestas pruebas emanadas del presunto computador de Raúl
Reyes.
En segundo lugar, el 8 de julio del 2011, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmó la decisión del Juez de
conocimiento y negó la exclusión de las pruebas ilegales solicitada por la
defensa, violando el Articulo 360 del Código de procedimiento Penal Colombiano
que a la letra dice:
“El Juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales,
incluyendo los que se han practicado aducido o conseguido con violación de los
requisitos formales previstos en este código”.
Y en tercer lugar, entre muchos otros, es que posteriormente, en la
audiencia de Juicio público, cuando ya nos aprestábamos, tanto el Juez, como
los demás sujetos procesales, a la práctica de las pruebas, la Fiscalía
delegada sorprendió con un número considerable de pruebas, argumentando que se
trataba de Pruebas Sobrevivientes, las cuales no fueron ni anunciadas en la
audiencia de formulación de acusación, ni adicionadas al Escrito de acusación,
ni reveladas en la audiencia preparatoria realizada el quince 15 de febrero de
2012, conforme lo ordena el Código de Procedimiento Penal.
No se pueden utilizar este tipo de documentos como pruebas sobrevinientes
puesto que la muerte de Cano se registró mucho después de que se adelantara el
juicio contra mi cliente.
¿Entonces es una persecución política?
Por supuesto. El periodista Joaquín Pérez, como miles de colombianos, es
víctima de una feroz persecución por parte de quienes administran las diferentes
esferas del Estado, por sus pensamientos, opiniones y sus convicciones
políticas. Es una brutal censura a la libertad de prensa.
Es que el régimen colombiano asesina, desaparece, encarcela o exilia, entre
otros crímenes, a quienes se oponen y critican a los gobiernos o ejercen el
derecho a la protesta.
Es el caso del genocidio de la Unión Patriótica y la persecución contra el
Partido Comunista. Pero también contra sindicalistas, estudiantes, periodistas y
todo aquel que disienta del poder.
¿Qué sigue en el juicio contra Pérez Becerra?
Por todas las arbitrariedades que se han presentado en el proceso contra el
comunicador, la defensa decidió entablar ante Ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia una acción de tutela con la que se busca la libertad
inmediata del periodista.
En dicha acción judicial que fue presentada la semana pasada, se reclama
que tanto la captura, como las audiencias de imputación de cargos y medida de
aseguramiento fueron ilegales puesto que la Fiscalía se basó en las pruebas
encontradas en el supuesto computador del Raúl Reyes, las cuales fueron
declaradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia.
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Ante su inminente asesinato por parte del régimen criminal colombiano,
Joaquín Pérez Becerra tuvo que refugiarse en Suecia desde 1995, donde obtuvo esa
nacionalidad.
Trabajaba parte de su tiempo en la Agencia de Noticias Anncol, la cual
fundó junto con otros periodistas suecos y colombianos, hasta que el 23 de abril
de 2011, fue detenido en Venezuela y entregado a las fauces de la injusticia
colombiana.
