Continuismo uribista en el juicio contra Joaquín Pérez
Becerra
Annalisa Melandri
21/5/2012
Muy poco se discutió de la paradoja por la cual la
revolución bolivariana necesitaba de algún asidero legal del derecho burgués
para confirmar su carácter revolucionario.
“Quisiera recalcar que ha sido realmente único el aporte que nuestra cultura ha recibido, producto del hecho de que ustedes se vieran obligados a huir de sus patrias y venir aquí [….] así que no se debe a nuestros propios méritos, sino que somos nosotros los que sacamos provecho de la situación, al enriquecer nuestra cultura. Esto es realmente notable para un país pequeño como Suecia”.[1](Olof Palme)
El periodista y co-fundador de la Agencia de Noticias Nueva Colombia
(Anncol), Joaquín Pérez Becerra, de 55 años de edad, ciudadano sueco de origen
colombiano[2], fue detenido en el aeropuerto Maiquetía de Caracas, procedente de
un vuelo desde Alemania, el 23 de abril de 2011. Después de pocos días fue
deportado en Colombia, a Bogotá, donde en la actualidad se encuentra detenido en
la cárcel de La Picota, en una sección de máxima seguridad, con narcotraficantes
y paramilitares (y por lo tanto en una situación de extrema peligrosidad por su
incolumidad). Su juicio ha empezado formalmente el pasado 16 de abril, después
de casi un año de detención.
Joaquín vivía desde 20 años en Suecia donde gozaba del estatus de refugiado
político, después de haber tenido que huir de Colombia para no ser uno de los
más de 4000 muertos del “genocidio político” del partido Unión Patriótica,
conocido con el macabro nombre de Baile Rojo. El partido fu “exterminado hasta
su total extinción, un muerto cada 19 horas por 7 años” por los paramilitares y
el ejército, como recuerda el periodista y escritor italiano Guido Piccoli en su
libro El sistema del pájaro: Colombia, paramilitarismo y conflicto social.[3]
Entre aquellos muertos, también la esposa de Joaquín.
La detención de Becerra por las autoridades venezolanas en el aeropuerto de
Caracas se da por una “presunta” orden de captura de la Interpol requerida por
Colombia. Sin embargo, aparece inmediatamente claro que la “ficha roja” de la
Interpol había sido emitida mientras Joaquín se encontraba sobrevolando el
océano Atlántico desde Europa hacia Venezuela. Pudo abordar el avión en
Alemania, procedente de Estocolmo, sin ningún problema. Colombia lo acusa de
concierto para delinquir, financiación y administración de bienes del
terrorismo. Prácticamente, es acusado de ser el representante y el tesorero
internacional de la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, en Europa.
El movimiento internacionalista solidario con la revolución bolivariana, en
aquel momento se dividió respecto a la detención de Joaquín, ocurrida en abierta
violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional sobre el refugio
humanitario y el asilo político.[4]
Las “pruebas” contra Joaquín y la detención
En julio de 2011, la Fiscalía en Colombia produjo contra Joaquín pruebas como
algunos “presuntos” correos electrónicos que él habría enviado a Raúl Reyes, (el
jefe guerrillero asesinado en Sucumbíos, Ecuador, durante un ataque colombiano
al campamento en donde este se encontraba, el 1 de marzo de 2008). La
computadora de Raúl Reyes, fue hallada en esa circunstancia “milagrosamente”
intacta y perfectamente en función y, según la versión oficial, llena de
documentos y correo electrónicos que luego fueron utilizados para “levantar”
juicios contra políticos, militantes internacionalistas y defensores de derechos
humanos. Sin embargo, mas tarde, La Corte Suprema de Justicia de Colombia,
expresó su negativa ante el utilizo de esas pruebas, archivando el caso Borja[5]
(un congresista acusado de “farcpolitica”) y declarando su ilegitimidad por
haber sido asumidas en forma ilegal. El ejército que las había recogido y
custodiado por los tres días sucesivos al bombardeo de Sucumbíos, no tenía
autorización a desarrollar tareas de policía científica.
Además, un investigador de la DNJIN colombiana (la policía antiterrorismo),
Ronald Hayden Coy Ortiz, declaró a la Fiscalía que la cadena de custodia de la
computadora desde su hallazgo hasta la entrega a la Interpol, había sido
interrumpida por un razonable periodo de tiempo, lo que podría dejar presumir
que los archivos hayan sido en alguna manera manipulados. Coy Ortiz declaro
también que en la computadora no fueron hallados documentos de correos
electrónicos sino solamente archivos Word[6] (que cualquier persona pudo haber
escrito e insertado en la misma).
Sobre estos documentos se fundan todas las acusaciones de vínculos con la
guerrilla colombiana que se han fabricado por ejemplo contra la ex senadora
Piedad Córdoba, contra el director de la revista del Partido Comunista
Colombiano Carlos Lozano Guillén, pero también contra los presidentes Chávez y
Correa. Estos han sido acusados de haber recibido dinero por la guerrilla sobre
la base de los documentos “presuntamente” hallados en la “computadora mágica” de
Raúl Reyes. En este caso, por evidentes razones de real politik, las acusaciones
no han producido mayor daño, también por el nuevo curso de la política exterior
llevada por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien, a
diferencia de su predecesor, está buscando de lograr a nivel regional con sus
vecinos, relaciones menos turbulentas de cuanto no haya hecho su predecesor
Álvaro Uribe.
En el caso de Joaquín Pérez Becerra sin embargo el continuismo uribista se
confirma en todo su dramatismo.
Hugo Chávez, después de haber sido “consentido” en los meses precedentes por
su homologo colombiano, improvisamente se enfrenta con la “papa caliente”[7]
Becerra (como afirmado por el mismo gobierno de Venezuela). Seguramente en ese
momento Joaquín sí lo era, una papa caliente. Santos advirtió Chávez de la
llegada de Becerra (quien no era la primera vez que visitaba Venezuela) mientras
el periodista ya se encontraba en vuelo hacia Caracas y lo avisó de la ficha
roja de la Interpol. Las autoridades venezolanas lo detuvieron a su llegada al
aeropuerto de Maiquetía y algunos días después (durante los cuales Joaquín no
pude comunicarse con nadie) lo entregaron a las autoridades colombianas.
Sin embargo no es verdad que “no había otra opción que entregarlo”, que fue
la justificación oficial del gobierno venezolano. No es verdad que no había otra
salida. La protección para Joaquín existía y era favorecida por aquel derecho
burgués que muchos revolucionarios desprecian pero que paradójicamente lo
hubiera protegido mucho mas de cuanto al fin y al cabo no haya hecho un gobierno
revolucionario. Muy poco se discutió entonces, y no lo vamos a hacer ahora, de
la paradoja por la cual la revolución bolivariana necesitaba de algún asidero
legal proveniente del derecho burgués para confirmar su carácter
revolucionario…
Es cierto que el derecho internacional y el Código Penal venezolano que
representaban el amparo legal que hubieran protegido Joaquín no fueron ni
siquiera tomados en cuenta por el gobierno de Venezuela y es también cierto que
su aplicación, que el gobierno sueco hubiera debido pretender, no fue ni
siquiera pensada.
Dos veces traicionado, Joaquín por el derecho burgués y por la solidaridad
internacionalista, principio fundamental de cada revolucionario, persona o
gobierno que sea. Esta ha sido pisoteada y ofendida por la razón de Estado. La
razón de Estado, en este caso ha pasado por encima de todas las convenciones
internacionales y la misma constitución de Venezuela.[8] Y eso para salvaguardar
el rumbo tomado por las relaciones entre Colombia y Venezuela que no iban tan
bien desde la presidencia de Álvaro Uribe.
Algunos malignos aseguran que lo que estaba en juego sin embargo era un
acuerdo para la extradición del narcotraficante venezolano Makled (quien había
preanunciado revelaciones de sus vínculos con altos miembros del ejército
venezolano y funcionarios del gobierno) con la entrega de Joaquín[9]. Makled
efectivamente más tarde, fue extraditado en Venezuela en el respecto de todas
las normas del procedimiento del derecho internacional.
En el caso de Joaquín en cambio no se tuvo en cuenta el hecho que Venezuela
es firmataria de la convención ONU de Ginebra del 1951 (y su protocolo de 1967)
sobre el estatuto de los Refugiados en donde además de definir la figura del
“refugiado” (“Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por
razones de raza, religión, nacionalidad, membrecía de un grupo social o de
opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es
incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de
aquel país”. Art. 1) declara que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión
o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de
territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones
políticas”. (art. 33). Tampoco se ha tenido en cuenta del Código Penal
Venezolano que en su artículo 6 establece que “la extradición de un extranjero
no podrá (…) concederse por delitos políticos” y que “en todo caso, hecha la
solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los
comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del
extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia.” En cada
caso un procedimiento burocrático bastante lento: en el caso de Joaquín han sido
suficientes 55 horas para entregarlo en las manos de la policía antiterrorista
colombiana.
Además no se ha tenido en cuenta que una ficha roja de la Interpol, que fue
la justificación usada por el gobierno venezolano para justificar la deportación
inmediata, no prevé esta posibilidad sino un más complejo procedimiento de
extradición.
En el caso de Joaquín Pérez Becerra, todo el aparato acusatorio en su contra,
basado en un primer momento en los presuntos correos encontrados en la “mágica”
computadora de Reyes[10], empezaba a vacilar después de la negativa de la Corte
Suprema a utilizarlos por su ilegitimidad y por las declaraciones del
investigador de la DIJIN. Se recurre entonces a un montaje jurídico utilizando
falsos testigos y presuntas “pruebas” recogidas en Suecia por algunos
informantes colombianos vinculados con la embajada colombiana en Estocolmo y con
el DAS (servicios secretos colombianos que dependen directamente de la
Presidencia de la Republica)[11].
Este sistema se origina de uno más complejo organizado directamente por
Álvaro Uribe durante su mandato presidencial y que lleva el nombre de G-3.
Prácticamente una estructura paralela del DAS[12] que tenía la tarea de
controlar y perseguir todos los actores políticos y sociales que no estaban
alineados con el gobierno colombiano y que desarrollaban actividad de
información respecto a sus crímenes y a aquellos de los paramilitares vinculados
a él. Esta estructura se descubrió con el escándalo desatado en 2009 y llamado
de las chuzadas, o sea las interceptaciones ilegales ordenadas directamente por
la Presidencia de la Republica (léase Álvaro Uribe)[13] contra opositores
políticos, magistrados, periodistas y que terminó con la cancelación de la
institución del DAS y con la detención de algunos entre sus más altos
funcionarios, entre quienes están Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares,
condenados cada uno a 8 años de cárcel, mientras la ex directora de la
institución María del Pilar Hurtado, ha logrado obtener asilo político a Panamá
evitando la justicia colombiana.
En las oficinas del DAS fue hallado durante el registro un folder llamado
“Operación Europa” [14] conteniente documentos, análisis y toda una serie de
informaciones recogidas en el viejo continente por medio de operaciones ilegales
de espionaje contra colombianos refugiados y exiliados, periodistas, ONG,
defensores de los derechos humanos, ciudadanos particulares pero también
miembros de instituciones como el Parlamento Europeo y la oficina de las
Naciones Unidas en Suiza. La operación Europa tenía como objetivo “neutralizar
la influencia del sistema jurídico europeo, de la Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento Europeo, de la Oficina de la Comisionada de Derechos Humanos de
la ONU, y gobiernos nacionales.” (Calvo Ospina). Sin embargo tenía también el
objetivo de crear fascículos sobre cada persona, tratando de vincularla en
alguna forma a la guerrilla y donde posible, someterla a la justicia también con
la ayuda de la Interpol. Como lo ocurrido a Joaquín Becerra.
Además de Joaquín han sido objeto de “atenciones” en Europa, el periodista
sueco Dick Emanuelsson, muchas ongs de España, Bélgica e Italia[15], algunos
miembros del Parlamento Europeo y de la Federación Internacional de los Derechos
Humanos (FIDH). Todas estas personas y entidades tenían en común una postura
crítica hacia el gobierno colombiano y el hecho de desarrollar una importante y
minuciosa actividad informativa respecto a los crímenes y a las violaciones de
los derechos humanos que cometía.
Germán Villalba era el funcionario del DAS (y de la estructura paralela G-3)
encargado de coordinar en Europa (sobre todo en Suecia, Bélgica, España e
Italia) esta inmensa operación de inteligencia clandestina con la que había
formado un verdadero y grupo de trabajo que efectuaba seguimientos, escuchas
telefónicas y ambientales y de correos electrónicos, videos, fotografías.
Villalba trabajaba en Italia donde operaba como vínculo con las autoridades
italianas por las operaciones conjuntas de lucha al narcotráfico, por lo tanto
con conexiones en las instituciones de ese país a los más altos niveles. La
presidencia de la Republica de Colombia recibía todos los datos recogidos en
Europa, pero como declaró Cesar Julio Valencia, presidente del Tribunal Civil de
la Corte Suprema de Justicia, quien escuchó las confesiones de muchos
funcionarios del DAS, desde Palacio Nariño se dirigían y manipulaban esas
operaciones.
Villalba[16], actualmente detenido en Colombia ha asumido sus
responsabilidades y ha aceptado los cargos de la Fiscalía. Es acusado de delitos
de concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones y abuso de
autoridad. Ha admitido además de haber estado a las directas dependencias del ex
director del DAS, Jorgue Noguera Cotes, quien fue también cónsul en Milán[17] y
que se encuentra ahora detenido en Colombia y condenado a 25 años de prisión
[18] por vínculos con el paramilitarismo. Prácticamente Noguera es acusado de
haber abierto a los paramilitares las puertas del DAS y de haber facilitado a
ellos nombres e informaciones de personas que luego han sido asesinadas como el
profesor Alfredo Correa de Andreis, por lo cual ha sido acusado de complicidad
en homicidio.
Suecia y el exilio colombiano
El país donde más han actuado los 007 colombianos ha sido proprio Suecia. En
Suecia existe una grande y organizada comunidad de exiliados y refugiados
políticos colombianos muy activa y esa comunidad desarrolla sobretodo en campo
informativo y político, un trabajo imprescindible respecto a la situación de la
vas violaciones de los derechos humanos en su país de origen.
Como explica la investigadora y especialista en Estudios Migratorios y
Refugio, María Luján Leiva, en su ensayo Refugiados en Suecia y visión del otro
paisaje : “la presencia latinoamericana en Suecia tiene un origen de exilio
político, lo que ha jugado en el pasado e incluso en el presente un papel
importante en las estrategias de inserción y participación en la sociedad sueca,
por el peso de la idea del retorno y la voluntad de relacionarse con sus patrias
de origen como obligación política y decisión de mantener y recrear lazos
culturales y de pertenencia.”.[19]
El exilio latinoamericano en Suecia y sobretodo el exilio colombiano explica
la investigadora, “ha sido protagonizado por individuos jóvenes,
mayoritariamente provenientes de sectores sociales medios, militantes políticos,
sindicales, estudiantiles, de distintas tendencias aunque acomunados en una
experiencia de reivindicación de la cultura y la democracia”.
Además de la Agencia de Noticias por una Nueva Colombia (ANNCOL),[20] fundada
en 1996 y que representa el portal alternativo de información política sobre
Colombia que registra el mayor número de visitas en absoluto, en Suecia existe
también la asociación Jaime Prado Leal, que desde décadas coordina las
actividades de la emisora Radio Café Stereo[21]. Ambos medios informativos, la
agencia de noticias y la emisora, difunden información sobre los movimientos
sociales, estudiantiles, juveniles y populares opositores del gobierno
colombiano, denunciando además con constancia y abundancia de datos y fuentes
averiguables los vínculos de este con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Prácticamente una espina clavada en los varios gobiernos que se han sucedido en
Colombia, que por eso, desde siempre, tratan de asociar y vincular, tanto Anncol
que Radio Café Stereo con las FARC. Según el gobierno forman el aparato de
propaganda a nivel internacional de la guerrilla.
Es cierto que Anncol difunde muchos comunicados de la organización
insurgente. Hasta prueba contraria no es un crimen. En Colombia lo que se
combate es un conflicto político y social (negado por el gobierno) y parece
evidente entonces como sea lógico y correcto que se dé voz a ambos actores del
conflicto. El ejército, la policía, el DAS, tienen amplio espacio en los medios
de información colombianos cercanos al poder político y en los grandes medios de
información extranjeros. El otro actor del conflicto, la guerrilla, y no
solamente la guerrilla, sino las asociaciones de campesinos, los movimientos
estudiantiles, los comités y los coordinamientos populares no tienen voz en un
panorama mediático que los invisibiliza.
Es parte de la línea política del gobierno negar el conflicto en curso y
negar, como ha hecho por ejemplo el vicepresidente colombiano Angelino Garzón,
que en Colombia existan prisioneros políticos porque eso quisiera decir
“legalizar las organizaciones armadas ilegales incluido la guerrilla”.[22]
Esa declaración es solamente un hábil intento de engañar la opinión pública.
Reconocer que en las cárceles colombianas hay presos políticos (y los hay en
condiciones terribles en una cantidad enorme, casi 8mil) quisiera decir
solamente reconocer un conflicto que es social antes que político y que tiene
origen en las enormes desigualdades sobre las cuales está fundada la sociedad
colombiana.
¿Cómo se puede lograr la paz sin dar voces a todos? ¿Cómo se puede construir
un dialogo sin escuchar nuestro interlocutor? En esta óptica Anncol publica los
comunicados de la guerrilla como hacen centenares de medios de información
alternativos en el mundo. El gobierno colombiano en cambio persigue la solución
militar y no la política. La solución que propone por lo tanto del conflicto
pasa por la voz de las armas y no por aquella del pueblo. Ejercita en otras
palabras, lo que el periodista Eliecer Jimenéz Julio[23] ha recientemente
definido “Terrorismo de Estado contra Periodismo del Pueblo”.
No obstante estas acusaciones de vínculos con la guerrilla, sea Anncol que la
Asociación Jaime Pardo Leal y Radio Café Stereo, operan desde siempre en Suecia
en absoluto respeto de la legislación sueca vigente y respetando todas las
obligaciones que derivan de ella. Sus miembros son por la mayoría colombianos
que gozan del estatus de refugiados políticos, ex miembros del partido Unión
Patriótica y por lo tanto huidos al genocidio político que llevó a su
desaparición en 1994. Sin embargo no hay solamente colombianos, entre ellos
también muchos ciudadanos suecos. Dick Emanuelsson, periodista sueco es entre
los cofundadores de Anncol junto a Joaquín Pérez Becerra.
De parte del gobierno colombiano, los colombianos residentes en Suecia no han
recibido solamente acusaciones y difamaciones, sino también amenazas por el
mismo Presidente de la Republica, Álvaro Uribe, mientras ocupaba tal cargo.
En enero de 2010 los directores de la Asociación Jaime Pardo Leal, Radio Café
Stereo y de la agencia Anncol denunciaron a la opinión publica sueca e
internacional “las amenazas reiteradas del gobierno colombiano y de sus oscuros
asesores, en contra de la integridad psicológica y física de sus miembros”.
Álvaro Uribe, durante una entrevista había declarado que a “esos criminales y a
ese psiquiatra y a otros bandidos, que son colombianos profesionales que viven
por allá en Suecia y en otros países, a todos, a todos tenemos que acabarlos.”
[24]
Para “acabar” con los colombianos residentes en Suecia, en ese país se creó
una “red de sapos” del DAS, [25] con sede en la embajada colombiana en Estocolmo
que dependía de la estructura ilegal del G3 de la que hablábamos antes. Ernesto
Yamhure, tenía el cargo de primer secretario de esa sede diplomática, pero era
también periodista al servicio del gobierno colombiano como columnista de
primera plana de la derecha en los diarios importantes en Colombia, incansable
defensor de la política militarista del gobierno y hombre de confianza de Uribe,
cercano al ejercito, era el encargado de “vigilar” y monitorear todas las
actividades de la comunidad colombiana en Suecia.
Por último, pero no menos importante, Yamhure era también el periodista al
servicio del jefe paramilitar de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Carlos Castaño Gil, intimo amigo suyo que era quien le revisaba sus artículos
antes de la publicación. Juan R. García, un paramilitar desmovilizado, ex
consejero político de Carlos Castaño, contó [26] al periodista Dick Emanulesson
que Yamhure estaba estrechamente vinculado por lazos de profunda amistad con
Carlos Castaño y que en más de una ocasión había participado a importantes
reuniones de las AUC, entre las cuales una en 2002 con los vértices de la
organización paramilitar en calidad de consejero personal del jefe.
En aquellos años las AUC estaban planificando, detrás de indicación de
Castaño el proyecto de construcción de los hornos, al puro estilo nazi, donde
quemar sus víctimas, ya que los métodos usados anteriormente
(descuartizamientos, homicidios, lanzamiento de cadáveres en los ríos, fosas
comunes,) etc. estaban dejando demasiadas huellas y estaban indignando
excesivamente la comunidad internacional.
La actividad de Yahmure en Suecia como 007 al servicio del gobierno fue
desenmascarada por el mismo Dick Emanuelsson en julio de 2005[27], cuando fue
fotografiado en el puerto de Estocolmo mientras desde el buque colombiano Gloria
tomaba fotos y videos de todos los miembros de las comunidad de exiliados
colombianos en el país que estaban en aquella ocasión protestando pacíficamente
en el muelle contra el terrorismo de Estado en Colombia. La protesta había sido
organizada aprovechando de la visita del barco y en el respecto de la
legislación sueca con todas las autorizaciones necesarias.
Esa operación de espionaje ilegal contra exilados políticos llevó a que
Yahmure fuera, detrás de petición de las autoridades suecas, alejado de la sede
diplomática colombiana en Estocolmo en 2007.
Ernesto Yamhure desde el 29 de agosto del 2011 a la fecha está prácticamente
desaparecido. No escribe en su twitter desde entonces, la misma desde cuando ha
presentado su renuncia a los varios medio de información informativos por los
cuales trabajaba (Radio Caracol, Espectador…) Se dice que esté en los Estados
Unidos porqué en Colombia sería investigado por vínculos con el paramilitarismo
y por crímenes contra la humanidad. Sin embargo ha hecho a tiempo a encontrar en
la “red de de sapos” que organizó en Suecia a un colombiano que habría decidido
de testimoniar contra Joaquín Pérez Becerra en el proceso.
Una vez caídas las pruebas en los documentos World de la computadora de
Reyes, era necesario encontrar un testigo en carne y hueso. Sin embargo, en la
audiencia del 16 de abril la Fiscalía, ha propuesto de insertar otras pruebas
halladas esta vez en la computadora del comandante guerrillero Alfonso Cano,
aunque según la defensa, fuera de tiempo. El juego de las computadoras empezado
con la de Raúl Reyes parece verdaderamente no tener fin…
Un cierto Miguel Ángel Andolín Estrada, perteneciente a la comunidad
colombiana en Estocolmo, con la que tiene un conflicto por una cuestión
vinculada a una mujer sería el testigo contra Joaquín, encontrado muy de prisa
por el gobierno colombiano para la construcción del juicio contra el
periodista.
Estrada se prestó para eso para vengarse de una ofensa recibida por un
miembro de la asociación Jaime Pardo Leal. El abogado de Becerra ha declarado
que: “hay 4 informantes que ha preparado la Fiscalía General de la Nación, como
una manera yo diría que criminal, dentro de la administración de justicia, para
acusar a una persona por el hecho de tener una opinión diferente al régimen (…)
Aquí los informantes se utilizan para prepararlos en los cuarteles militares, en
las oficinas de inteligencia militar del DAS (ahora ANI), de la DIJIN, de la
SIJIN y el mismo CTI de la Fiscalía para preparar a los ‘testigos’ para que
acusen a Joaquín Pérez Becerra.”
El proceso contra Joaquín Pérez Becerra es obviamente muy complicado, sea por
la gran cantidad de documentos y material que el abogado Rodolfo Ríos, defensor
de los Derechos Humanos tiene que evaluar, sea por el lado económico que pesa
completamente sobre la familia de Joaquín. En ese sentido ya se han hecho varios
llamados a la solidaridad. Quien puede y quiere colaborar económicamente puede
escribir al Comité por la Liberación de Joaquín Pérez Becerra a esta dirección
libertadparajoaquin@gmail.com.
Entrevistado por el
periodista Unai Aranzadi para el periódico La Jornada, Joaquín denuncia que
su detención es una “persecución clara a la libre expresión […] y cuando ciertos
gobiernos te acusan de terrorismo, hasta los defensores de los derechos humanos
salen corriendo.”[28]
Recuerdo la historia pasada y el respeto que el mundo entero tenia por un
grande político sueco que probablemente ha sido asesinado porque creía que cada
persona tiene el derecho de vivir en al menos un lugar de la tierra sin tener
miedo y que los únicos a beneficiarse del hecho que algunas personas hayan sido
obligadas a huir de su país para encontrar refugio en Suecia han sido los suecos
que así han visto enriquecida humanamente su cultura. [29]
La Suecia de hoy lamentablemente no es la de Olof Palme, pero el respeto por
los Derechos Humanos desde entonces, se ha vuelto un principio que
universalmente distingue los estados democráticos de los que no lo son.[30]
Joaquín Pérez Becerra probablemente no tenía miedo de vivir en Suecia por eso.
Evidentemente se equivocaba.
Notas
[1] Declaración de Olof Palme en el “Encuentro del teatro Latinoamericano en
el Exilio” Estocolmo. Octubre 1983 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110864
[2] Joaquín
Pérez Becerra llegó en Suecia en 1993 y obtuvo la ciudadanía de ese país en el
2000. En ese mismo momento renunció a la ciudadanía colombiana.
[3] El
sistema del pájaro: Colombia, paramilitarismo y conflicto social Guido Piccoli
Editorial Isla Septiembre 2005
[4] Caso Becerra: Respuesta al partido Carc http://www.annalisamelandri.it/2011/05/caso-becerra-respuesta-al-partido-carc-italia/
Caso Becerra: porqué renuncio a la redacción de la revista ALBA informazione http://www.annalisamelandri.it/2011/05/caso-becerra-porque-renuncio-a-la-redaccion-de-la-revista-albainformazione/
Este es el debate más relevante ocurrido en Italia pero emblemático de cuanto
ocurrido en el resto del panorama político internacional y sobre todo en
Venezuela.
[11]
Institución cancelada con decreto presidencial (Manuel Santos) el 30 de octubre
de 2011 por los escándalos en que se vieron involucrados muchos funcionarios de
alto nivel. La nueva institución se llama Agencia Nacional de Inteligencia
(ANIC). Sin embargo hasta la fecha el cierre completo de la entidad todavía no
se ha dado.
[15]Algunas
asociaciones de España y Bélgica ya han presentado demanda a las autoridades de
su país en contra de estas actividades ilegales de la inteligencia colombiana.
Recientemente también en Italia la misma cosa ha hecho el Comité “Verità e Pace
in Colombia” (Verdad y Paz en Colombia) http://www.veritaepace.org demandando a Álvaro Uribe.
[20] http://anncol.info/
