... los derechos humanos de Joaquín Pérez
Allende La Paz
NotiColombia Press
06.09.2011
Es un juicio político definitivamente. Las autoridades colombianas saben que no hay ningún delito por el cual juzgar a Joaquín Pérez Becerra. Por ello urden montajes burdos. Es más, lo están juzgando por los dolores de cabeza y rabietas que les hizo pasar y por las denuncias de las atrocidades cometidas por todos los regímenes en el poder en Colombia. Por ello es político su juzgamiento, no nos digamos mentiras. Además, por el odio personal del actual presidente, JM Santos, hacia el director de ANNCOL porque desde sus páginas lo calificaron como “Chuky”, el muñeco siniestro (Ver video en la Universidad Santiago de Cali), al igual que el anterior régimen de Uribhitler.
Por ello, es imprescindible dilucidar cuales derechos humanos le están siendo violados a Joaquín Pérez y adelantar la más eficaz labor solidaria con el periodista alternativo injustamente encarcelado y enjuiciado.
En primer lugar, es necesario resaltar que a Joaquín Pérez le han violado sus derechos humanos cuando fue objeto de persecución por parte de las fuerzas militares estatales colombianas. Fruto de esta persecución asesinaron a su primera esposa. Es la aplicación de la política de Terrorismo de Estado, la cual está asentada en la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual les permitió ilegalmente adelantar el genocidio de la Unión Patriótica U.P.) so pretexto de combatir el ”enemigo interno”
En segundo lugar, el estado colombiano y el gobierno de Santos están juzgando a Joaquín Pérez Becerra porque les fue entregado producto de una maniobra ilegal practicada por el gobierno colombiano (y del gobierno Venezolano, nota de ANNCOL) la cual violó el derecho internacional y el DIH. Tocará a los abogados abordar el tema de si una captura ilegal da derecho a un Estado para adelantarle un juicio a una persona que ellos han perseguido toda su vida, y si no da derecho, pues lógicamente se le están violando sus derechos fundamentales.
En tercer lugar, en Suecia, su patria adoptiva, no eran –y no son- delitos la libertad de información y la libertad de prensa. Podrán serlo en Colombia, pero lo realizado por Joaquín Pérez Becerra fue denunciar desde Suecia las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos de los colombianos y aquí en Suecia no son delito. Por el contrario, el Estado sueco salvaguarda el derecho de los ciudadanos a tener libre acceso a cuanta información y a cuanta prensa ellos requieran o deseen.
En cuarto lugar, las condiciones de reclusión de Joaquín Pérez Becerra son las del ”peor delincuente” de Colombia, es decir, él permanece en una cárcel de máxima seguridad como si fuera un ”Bin Laden” y se desconoce que, en realidad, su única ”arma” ha sido la labor periodística, labor civil, desarmada, altruista, si es que se puede llamar ”arma” el uso de la palabra para denunciar hechos anómalos. Los calabozos de esa cárcel son de 2x3 y no recibe sol ni una hora diaria, lo cual traerá como consecuencia problemas de raquitismo y otras enfermedades. Además, el compañero periodista no tiene la posibilidad de oír noticias, leer periódicos, ni ver televisión.
Contrasta esta situación que vive Joaquín Pérez con el tratamiento dado por las autoridades colombianas a los miembros del anterior régimen que están encarcelados por su contubernio impúdico con las bandas de narco-paramilitares, los cuales han producido el asesinato de más de 200.000 colombianos en los últimos tiempos (masacres y ejecuciones extrajudiciales), al igual que más de 60.000 desaparecidos forzados, amén de 5 millones que han padecido o padecen desplazamiento interno forzado. Mientras Joaquín Pérez padece condiciones salvajes de confinamiento, los narco-para-políticos uribistas, los corrompidos funcionarios del régimen uribista, y los militares inmersos en delitos de lesa humanidad, reciben reclusión en casas fiscales o prisiones de guarniciones militares, construidas por el régimen para mostrar el ”agradecimiento por los servicios prestados”, en las cuales se desarrollan bacanales y orgías que ha permitido a los colombianos llamar esas ”cárceles” con el remoquete de los ”lupanares de reclusión”.
Nuestra solidaridad militante debe llevarnos a denunciar todos los tejemanejes que se han urdido alrededor del juicio ilegal que se adelanta contra Joaquín Pérez. Por ello, nos inquieta sobremanera y preguntamos a las autoridades suecas del Ministerio de Relaciones Exteriores qué se ha y qué no se ha hecho en favor del ciudadano sueco injustamente detenido y juzgado en Colombia.
Señalamos que los principios que han movido a la sociedad sueca en lo atinente a brindar la más amplia y generosa solidaridad para salvaguardar la vida de personas perseguidas por otros estados, sin la cual el destino de ellos hubiera sido la muerte, no están siendo resquebrajados o dejados de lado por las actuales autoridades suecas? Será que son más importantes los ”negocios” entre el Estado sueco y el Estado colombiano –telefonía, biocombustiles, compra de armas, etc-, que la defensa de los derechos humanos de un ciudadano sueco, de origen colombiano, quien renunció a la ciudadanía colombiana, y proteger sus derechos violentados por el régimen colombiano?
¿Será que las autoridades suecas han olvidado los invaluables servicios que Joaquín Pérez Becerra le ha prestado a la sociedad sueca, aún a riesgo de su propia seguridad personal y de su vida? Será que en Suecia hay ”ciudadanos de primera” (los suecos de nacimiento”) y ”ciudadanos de segunda” (los suecos adoptivos)?
