 |
| GRI acusado por brutalidad y ladrón |
Arremetida hoy contra los presos en ENRON en la cárcel de La Picota
ANNCOL
BOGOTA / 2012-10-15 / El Grupo de Reacción
Inmediata, GRI, conocido por su brutalidad en las cárceles colombianas,
arremetió esta mañana contra los presos en la sección ENRON en la cárcel de La
Picota, al sur de Bogotá.
–
- Los agentes del GRI entraron
y comenzaron a tirar y dañar ropas, pertinencias y cosas que tenemos los presos
en nuestras celdas. Hasta consumieron golosinas o alimientos que los presos
tenemos.
La denuncia hace Joaquin Pérez, director de ANNCOL
y recientemente sentenciado en la primera instancia a ocho años de cárcel en un
montaje judicial sin precedentes por presuntas relaciones con las
FARC.
El compañero sugiere, dos días antes el comienzo
del proceso de paz en la capital noruega, al presidente JMSantos de revisar el
tratamiento de ese cuerpo represivo, abusivo y ladrón del El Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario , INPEC.
– Si la meta del gobierno de Santos es demobilizar
a la guerrilla, entonces debería también desmobilizar el GRI, agrega el
compañero antes que se corta la comunicación.
Noticia en desarrollo. . . .
1) Leer más: “La cárcel no es
un instrumento de la justicia, es en realidad instrumento del poder”.
Escribe JOAQUÍN PÉREZ
BECERRA desde las mazmorras de
la cárcel La Picota, nota hecha el año pasado. Leer más.
2) LEER y VER MÁS EN LA SIGUIENTE
VIDEO-DENUNCIA del abogado español ENRIQUE SANTIAGO que visitó varias cárceles en
Colombia el año pasado y que hizo varias denuncias sobre la situación totalmente
infrahumana.
https://vimeo.com/38712887
https://vimeo.com/38712887
Sobre la negativa del régimen colombiano de no dar permiso de visitar a los presos guerrilleros
Colombia: ¿Hay presos políticos y en que condiciones sobreviven?
• Ejemplo a NO
seguir: Los “DD.HH” del presidente Santos
• Santos
rechaza visitas a los presos guerrilleros como condición para que las FARC
liberen diez militares capturados en combate
Por Dick
Emanuelsson e Ingrid Storgen (revisión y transcripción)
 |
| El abogado Enrique Santiago. |
“Se pretende
invisibilizar el problema, no hablar de esta realidad y no hablar de las
difíciles condiciones de reclusión que padecen estas personas”, dice el abogado
español Enrique Santiago que acaba de visitar las cárceles de Colombia. Convoca
a la comunidad internacional para que visibilice las infrahumanas condiciones en
que se encuentran los presos políticos y en especial los presos guerrilleros en
las cárceles colombianas.
MADRID /
2012-03-18 / La guerrilla de las FARC propuso, como condición para liberar a
diez oficiales militares y policías, se otorgue a Mujeres del Mundo por Paz,
permiso para realizar una visita humanitaria a los prisioneros políticos y de
guerra en los centros penitenciarios de Colombia.
El régimen de
Juan Manuel Santos, en su total falta de voluntad para encontrar un camino que
lleve a la paz, ni siquiera reconoce que existen más de 7500 presos políticos y
nuevamente baja la cortina cerrando paso a un acuerdo mínimo sobre los
prisioneros y su situación.
El panorama por
un avance, aunque fuera un paso pequeño, que llevara hacia una apertura de paz
en Colombia, se volvió de nuevo oscuro. La guerrilla de las FARC ha presentado
varias nuevas propuestas para avanzar en la negociación, anunciando la inminente
liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder.
El gobierno de
Santos, haciendo un peligroso como inhumano juego perverso, salió a decir que la
guerrilla debe dar “más muestras de interés por la paz”, lo que se interpretaría
como un llamado a la capitulación absoluta.
EL ANUNCIO
GUERRILLERO DE ENTREGAR los últimos diez prisioneros de guerra en
su poder, con la única exigencia que algunos de los 1000 guerrilleros en
prisiones estatales pudieran recibir la visita de la organización Mujeres del
Mundo por la Paz, liderada por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, no cayó
bien en la casa presidencial de Bogotá.
– Confío en que
el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos permitirá la visita a guerrilleros
presos”, sostuvo primero en su cuenta en Twitter y agregó; “creemos que estamos
en la capacidad de insistir en la posibilidad de las visitas a las
cárceles”.
Sin embargo, el
ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el pasado 6 de marzo, en sendas
cartas dirigidas a la ex senadora Piedad Córdoba y a varios congresistas,
expresó su decisión de remitir al despacho del presidente Juan Manuel Santos la
solicitud para que se autorice el ingreso de la “Comisión Internacional de
Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios” a
diferentes penales del país.
Es más, en la
comunicación el ministro se mostró “sorprendido con los últimos pronunciamientos
públicos en el sentido de que tales visitas tendrían como objetivo a los 'presos
y presas políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije, no existen en
Colombia- y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que
el Gobierno la hubiera autorizado para ello”.
Es decir,
pretextos administrativos para dilatar e impedir la aplicación de los derechos
de los presos políticos.
EL ARGUMENTO DE
QUE NO EXISTAN PERSONAS en esa situación, viene de la posición
del régimen colombiano que niega la existencia de un conflicto social y armado
pese a su medio siglo de existencia. El sábado pasado, el mismo día que el
régimen rechazaba la petición de las mujeres, liderada por Piedad Córdoba,
fueron abatidos 13 militares de las Fuerzas Especiales de la Contraguerrilla del
Ejército en el departamento de Arauca.
Fue un golpe
contundente por parte de las FARC que sólo es uno entre una cantidad innumerable
de combates entre el ejército y la guerrilla en los últimos meses. Según el
coronel que dirigía la tropa, fue un combate con fusiles y no en un campo minado
o con bombas guerrilleras en donde fueron neutralizados los profesionales
militares.
El golpe
militar guerrillero confirma la intensidad del conflicto armado pero el régimen
no da señales de voluntad para llegar a un arreglo político con la guerrilla.
Esta ha resistido el reforzamiento de las fuerzas militares que han crecido, aún
durante el Plan Colombia de la última década y que hoy cuenta con 500.000
militares en pie de guerra contra una guerrilla que logra recomponerse y
reforzarse pese a la ayuda extranjera con que cuenta el estado, principalmente
de Estados Unidos e Israel que aportaron aviones y equipamiento de inteligencia
a las FF.MM. colombianas.
EN ESA GUERRA,
COMO EN TODAS, muchas veces
han sido capturados en combate militares y policías que el estado denomina
“secuestrados o rehenes de la insurgencia”, dando muestras de la pretensión de
invisibilizar el verdadero problema allí existente. Cuando la guerrilla intenta
un diálogo de negociación, solicitando el permiso para que la Comisión de
Mujeres pueda visitar a los presos guerrilleros en las cárceles colombianas, ése
le es denegado utilizando el falso argumento de que “en Colombia no hay presos
políticos”.
El reconocido
abogado español, asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los
Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios”, Enrique Santiago, acaba
de regresar de un viaje a Colombia donde visitó la cárcel de alta seguridad de
la ciudad de Jamundi en el departamento del Valle. Allí pudo constatar las
condiciones infrahumanas que padecen los presos políticos y los presos de guerra
y los sociales.
A CONTINUACIÓN
PARTE DE LA EXTENSA ENTREVISTA AL DOCTOR ENRIQUE SANTIAGO SOBRE EL CASO
CARCELARIO COLOMBIANO:
Dick
Emanuelsson (DE): Acabas de regresar de Colombia donde
estuviste con una delegación internacional. Acompañaste al congresista Iván
Cepeda y entraron a la cárcel para ver la situación en que se viven, no sólo los
presos políticos, sino todos. ¿Qué puedes decirnos de eso?
Enrique
Santiago (ES): El cambio implementado en el sistema
penitenciario colombiano durante el anterior gobierno de Uribe fundamentalmente
ha consistido en recortar aún más los derechos que deberían tener los presos,
tanto sean presos comunes como los más de 8000 presos políticos de los cuales
apenas 1000 son prisioneros de guerra. El resto de presos políticos no son
personas que hayan intervenido en el conflicto armado sino que son víctimas de
montajes judiciales, militantes sociales, de organizaciones de mujeres,
sindicales, comunales, estudiantiles.
Lo primero que
hay que decir es que la firma de los acuerdos de colaboración entre la Autoridad
Penitenciaria Colombiana -INPEC- y el Buró Federal Penitenciario de los Estados
Unidos, ha supuesto un endurecimiento de las condiciones de reclusión y de las
condiciones que tienen que soportar no sólo los reclusos sino sus familiares. Se
han construido cárceles de alta seguridad, denominados ERON (establecimientos de
reclusión de orden nacional), con tantos y tan graves defectos estructurales y
tan altos costes, que indica que han sido obras que se utilizaron para desviar
recursos públicos del estado.
Llama la
atención por ejemplo, la cárcel de alta seguridad que yo visité, la de Jamundí,
en el Valle, que fue inaugurada hace apenas un año y medio, las propias
autoridades de la cárcel hablaban de veintisiete defectos estructurales que en
muchos casos no son menores. Por ejemplo, en el denominado módulo uno que es el
de los sindicados y es el más grande de la prisión, las duchas se construyeron
sin desagüe. Ello provocaba que la gente no se pudiera duchar, la humedad
excesiva provocaba, entre otras cosas, hongos en el cuerpo. Recibimos denuncias
de que eso fue la excusa durante mucho tiempo para que aún con las altas
temperaturas, a la gente no se le permitiera ducharse.
La propia
directora de la cárcel nos seguía hablando de las veintisiete fallas
estructurales, eso ha sido lo que evidenciaba que la política de seguridad
democrática fuera utilizada también, como muchas cosas en Colombia, para que los
socios, amigos y funcionarios amigos de Uribe desviaran del patrimonio público
todos los recursos que pudieran o más.
Al margen de
esto en Colombia hay una gravísima situación que pasa desapercibida y es que de
hecho existe la prisión perpetua, porque la reforma del sistema penitenciario
realizada en el período de Uribe permite el cumplimiento efectivo de penas de
hasta 60 años, lo cual equivale a una cadena perpetua, pena prohibida por la
legislación internacional por ser una pena inhumana, cruel,
despiadada.
DE: Es la misma
queja que realizan los familiares y organismos de derechos humanos no sólo allí
sino también aquí, en España, con el caso de los etarras.
ES: Claro, aquí también en el caso de ETA, en
determinadas actuaciones, la condena puede llegar a ser, en delitos con
múltiples resultados de muerte, de 40 años, que es una exageración de condena, y
que hasta hoy, afortunadamente, han sido casos contados los que se han aplicado
esas penas tan altas y degradantes, inhumanas. De hecho una persona que se ha
condenado con 20 años no va a salir nunca de la cárcel en el caso de aplicarle
un cumplimiento de 60 años de condena, o incluso mucho menos. Es una condena a
muerte en vida, no una medida de resocialización.
Pero al margen
de eso hay un tratamiento diferencial y de negación de derechos principalmente
para los prisioneros políticos, estas prisiones obligatoriamente tienen que
tener un reglamento por el cual se sancionen comportamientos contrarios a las
normas de convivencia, pero en este caso no son conocidos ni por los internos ni
por los abogados. Se vulnera el principio de legalidad que obliga a que
cualquier norma de aplicación sea conocida por los destinatarios. Esto a su vez
posibilita cualquier tipo de arbitrariedades, por ejemplo, a la hora de repartir
los útiles de higiene personal o de alimentación hay un trato diferenciado entre
los prisioneros de índole común y los políticos. Incluso dentro de los
prisioneros comunes hay diferencia en función a la actitud de colaboración o no
con la autoridad penitenciaria.
Pudimos
constatar la existencia de castigos que son claramente castigos inhumanos,
crueles o degradantes, torturas, módulos de reclusión donde apenas cabe el
interno sentado en cubículos estrechos donde es imposible dar un solo paso y
donde permanecen en aislamiento hasta dos meses por infracciones de índole
administrativo. Como en un caso que pudimos comprobar por llevar la contra a la
directora de la prisión una interna fue enviada a esta situación por dos
meses.
En cuanto al
contacto bis a bis de los internos entre sí o con sus familiares la restricción
efectiva; o el traslado de hombres y mujeres juntos cuando está terminantemente
prohibido; o la reducción de tiempo de las visitas, la dificultad para acceder a
estos permisos, así como es de notar el especial maltrato y humillación para con
las visitas familiares o con los hijos menores de edad.
Los niños son
sometidos a todo tipo de controles en las entradas, incluso muchas veces padecen
hasta maltrato físico, de forma tal que hasta los propios menores están
renunciando a asistir a las visitas por la humillación a la que son
sometidos.
Todo esto hay
que sumarlo a los problemas que suceden a las fallas estructurales, por ejemplo
las celdas sin ventanas, al carecer de cristales cuando llueve se les inundan
las celdas, se llenan de alimañas, la caza de las culebras es un entretenimiento
habitual con los peligros que ello entraña.
La crueldad es
norma en las prisiones donde no se aplican medidas de remisión de condena por
trabajo, o donde se niega al interno la posibilidad de estudiar, conforme a
programas para resocialización de las conductas. El sistema carcelario se
convierte en un mero mecanismo punitivo, de castigo, que no busca sino la
reducción hasta la servidumbre o la anulación de la persona del
interno.
DE: Se supo
recientemente de la muerte de dos miembros de la guerrilla, por falta de
atención médica.
ES: Responde a la negación sistemática de
asistencia a la salud de los presos políticos y no solamente de ellos. Cuando
llegamos a la cárcel la directora nos iba a enseñar la enfermería, pero se
equivocó y nos enseñó un almacén. Parecía que ella no conocía donde estaba la
enfermería.
La prisión de
Jamundí tiene alrededor de 4000 presos y presas, que la directora no sepa donde
está la enfermería es increíble, pero explica, por ejemplo, que cuando llegamos
a la enfermería lo único que había eran tres camillas sin instrumental, ni
médicos ni enfermeros. Nos reconocieron que tenían serios problemas de falta de
plantilla.
Se da el caso
de enfermos incurables, por ejemplo con distintos cánceres, que carecen de
atención cuando en otras partes del mundo eso sería motivo para que se adopte
una medida de libertad condicional. En Colombia no es así, se les niega hasta la
asistencia sanitaria y cuando logran acceder a esa atención la queja recurrente
es que se les niegan informes de los resultados de las pruebas médicas. Con lo
cual ellos no tienen conocimiento de lo que realmente necesitan.
Todos los
presos nos indicaron esa negación de informes, lo cual imposibilita además que
busquen ayuda entre sus familiares.
DE: ¿En la
prensa colombiana eso se refleja, se informa de estas
situaciones?
ES: No, la prensa directamente invisibiliza
estas cuestiones y estamos en momentos en que las FARC han venido liberando
unilateralmente a la practica totalidad de los prisioneros de guerra en su
poder, como medida de intercambio humanitario sin contrapartida, lo que acredita
una voluntad de paz.
No sólo han
liberado a los prisioneros que tenían en su poder, militares, policías, miembros
de las FF.MM ahora acaban de anunciar la liberación incondicional de todos los
prisioneros y sin embargo no hay una correspondencia por parte del estado, se
pretende invisibilizar este problema. Se trata de no hablar de la situación de
los reclusos.
Esto pone de
manifiesto que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo para
conseguir hacer visible este problema en Colombia. Que se conozca la situación
de los presos políticos, la situación de las cárceles y muy especialmente la
situación de los prisioneros de guerra en poder del estado.
De acuerdo a la
Tercera Convención de Ginebra los miembros de las FARC o el ELN apresados en
combate, vestidos con sus uniforme, respondiendo a una cadena de mando, no hay
discusión jurídica posible que deben tener un trato especifico como prisioneros
de guerra, diferenciado al de los presos comunes. Es más, no deberían estar
siquiera en las prisiones sino en establecimientos ex profeso para prisioneros
de guerra.
Pero al menos,
aunque esto no se cumpla, que la comunidad internacional conozca lo que padecen
estas personas por negación de sus derechos humanos básicos, No hay
correspondencia por parte del estado colombiano a las medidas de la insurgencia
de liberación de los prisioneros de guerra en su poder. El estado colombiano
esta siendo incapaz de actuar con reciprocidad, liberando presos políticos y/o
de guerra, o al menos mejorando sus condiciones de reclusión y permitiéndoles
disfrutar de algunos del los derechos básicos de cualquier persona privada de
libertad por cualquier estado, como el derecho al estudio o a la atención
sanitaria. Pretenden no hablar de la situación de los prisioneros políticos y de
guerra en las cárceles de Colombia, invisibilizarla, obviando que Colombia es el
único país del mundo con un conflicto armado interno reconocido en su
legislación, que se niega a reconocer la existencia de prisioneros de guerra,
hechos en el conflicto, y en poder del estado.
DE: Esa fue la
respuesta que dio también el ministro del interior, al decir que en Colombia no
hay presos políticos.
ES: En el Foro por los Presos Políticos se
constituyó una comisión internacional de verificación de la situación de los
presos políticos. Esta comisión está compuesta por las mujeres ilustres que han
venido realizando el intercambio epistolar entre Colombianos y Colombianas por
la Paz, las FARC y el ELN respecto a la finalización del conflicto, y las
posibles medidas de humanización del conflicto incluida la liberación de los
prisioneros de guerra en poder de la insurgencia.
El argumento
que dio a estas mujeres, el Ministerio de Justicia, era que consideraban que en
Colombia no había presos políticos, y menos de guerra, porque no había. Sin
mayor argumentación.
Una semana
después se anuncia, en supuestas declaraciones de la senadora Piedad Córdoba,
una excusa vil para negar el retiro de todas las autorizaciones para realizar la
visita a los prisioneros. Con esto queda visible que se vuelve a negar la
realidad del conflicto que vive el país.
Como si todo
este juego perverso fuera poco, hemos tenido conocimiento de la existencia de
una huelga de hambre de los internos en la cárcel de La Picota, como demanda de
mejores tratos en su cautiverio.
Por mucho que
la autoridad colombiana quiera tapar la realidad, el problema existe, va a ser
llevado a la comunidad internacional para que sea conciente de la negación de
los derechos humanos que padecen los reclusos en las cárceles
colombianas.
Se trata de
exigir que las autoridades cumplan la legislación internacional, no es más ni
menos que lo que les corresponde. El conflicto social y armado en Colombia
existe, no se puede permitir que se lo omita y mucho menos que se lo
minimice.
