Modelo represivo y alerta humanitaria por hacinamiento
carcelario
Azalea
Robles
Rebelión
Hay una utilización sistemática del aparato judicial
y del sistema penitenciario como arma de guerra contra amplios sectores de la
sociedad. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el
aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales por las
políticas represivas del Estado”.
Informe situación carcelaria
2011
La gravísima situación de las cárceles
colombianas se expresa en: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber
afrontado un juicio, desde hace años sindicadas, que más de 400 personas
estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas
con carácter terminal”.
Iván Cepeda
El hacinamiento en las cárceles colombianas tiene grado crítico:
conlleva insalubridad, aumento de enfermedades, dramáticas relaciones
condicionadas por la escasez de espacio y mínimos vitales, lo que vulnera la
integridad física y síquica de la población reclusa. En varias providencias
judiciales se contempla el hacinamiento como un estado permanente de tortura.
Representa un factor de riesgo contra la vida misma de los internos. La alerta
humanitaria máxima por hacinamiento es evidente: en La Picota hay 9.028
internos, cuando su capacidad es solo para 2.000 internos; en La Modelo hay 6550
presos cuando está prevista solo para 2.700 [1]. Según el Instituto Nacional
Penitenciario ( INPEC), a marzo 2012, las cárceles de Colombia alcanzan una
sobrepoblación de 39,5 % [2]. El dramático aumento de la población
carcelaria en los últimos años es un termómetro de la realidad represiva que
vive Colombia.
1. 40.000 personas presas sin juicio,
800 enfermos terminales y lisiados, y los ‘dormitorios’ cuelgan del techo
En
el Foro "Colombia Entre Rejas", el representante a la Cámara Iván Cepeda,
denunció: La gravísima situación de las cárceles colombianas se expresa en
cifras como por ejemplo: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber
afrontado un juicio y que están desde hace años en situación de personas
sindicadas en las cárceles, que más de 400 personas estén lisiadas en las
cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal (...)
Voy a presentar una iniciativa tendiente a que pueda haber algún tipo de medidas
de des-hacinamiento, para que por lo menos se cree la figura de excarcelación
por razones humanitarias para personas que están en situación de enfermedad
terminal (...) Hay una política criminal del estado colombiano que promueve
la penalización y la represión de la protesta social, del derecho a
disentir; y que tiene como colofón la impunidad de los criminales de Estado(...)
[3] En marzo 2012 Noticias Uno publicó imágenes exclusivas de la
dantesca situación [4]: “Los guardianes y los 9.028 internos de la cárcel La
Picota -que tiene capacidad solo para 2.000- están en alerta máxima porque: ‘La
cárcel Picota no resiste más internos’. No soportan más el hacinamiento ni los
riesgos que corren por las graves enfermedades (…) advirtieron que el
hacinamiento está a punto de causar una epidemia. Los guardianes y reclusos de
las dos principales cárceles de Bogotá grabaron videos que evidencian las
condiciones de hiper-hacinamiento. (…) En La Modelo el hacinamiento es
tal que ahora se disputan hasta los cielorrasos de los pasillos. ‘Los pabellones
que cuentan con 130 celdas con medidas de 1.80 por 2 metros cuadrados que
normalmente debe ser humanamente para pernoctar una persona, en el momento la
adecuaron para 5’. Un interno que el año pasado denunció su grave
situación en Noticias UNO, no pudo recuperarse: ‘Álvarez Tonguino, pese a que
hubo una denuncia de los medios, se murió’ [por negación de asistencia
médica]. No solo las enfermedades tienen en peligro a los presos, sino que la
cárcel se ‘está cayendo a pedazos’. El sindicato denunció que la cárcel La
Modelo de Bogotá también tiene serios problemas de hacinamiento: diseñada para
2700 internos, hay 6550 presos. Los reclusos que no encontraron cupo en las
celdas y tampoco en el suelo tuvieron que ocupar los únicos espacios que
quedaban… los techos de los pasillos. Con mallas, sábanas y ropa vieja,
fabricaron hamacas y las amarraron a los cielorrasos.”
2. Huelga de hambre nacional de al menos 617
presos políticos, totalmente silenciada
Durante el mes de marzo los presos políticos y los presos
políticos de guerra hicieron una huelga de hambre a nivel nacional, para
reclamar la cesación de la reiterada práctica de la tortura física y sicológica,
para reclamar contra la negación de asistencia médica de la que son víctimas por
parte del estado (tortura que los empuja a la muerte), para reclamar contra las
condiciones de hacinamiento y vulneración que sufren al verse inmersos en patios
carcelarios con paramilitares, sin que sea respetado el DIH que contempla la
separación de presos políticos, y su no exposición a riesgos mortales, como es
el caso en Colombia. Los presos políticos en huelga de hambre llegaron a ser 617
[5], y fueron duramente castigados por la guardia [6].
La masiva huelga
de hambre de marzo es la última en data de una serie de protestas de los presos
políticos que son absolutamente silenciadas por los medios masivos, e incluso
aún muy poco visibilizadas por una izquierda entumida por el miedo a la
solidaridad con sus propios presos políticos; miedo que han sembrado décadas de
terror de Estado, lo que constituye un fenómeno que analizaremos en otro texto.
La huelga tenía una reivindicación muy concreta: que el estado colombiano
permita la visita de una Comisión de Verificación sobre la situación de DDHH al
interior de las cárceles colombianas. Algo legítimo y realmente humilde; pero
hasta eso es negado por el estado, que obviamente no desea que una Comisión de
DDHH pueda constatar las condiciones infrahumanas en que malviven los presos, y
tomar testimonios de las torturas, porque si bien a muchos presos se los podría
meter en calabozos, trasladar, aislar y amenazar para impedir que dieran
testimonio de las torturas a la Comisión, hay casos aberrantes inocultables, y
el grado extremo de hacinamiento y la insalubridad son igualmente inocultables.
3. Retazos del olvido: presos políticos
lisiados en patios paramilitares y asesinato de familiares para coaccionar a dar
falsos testimonios
Sobre las torturas hay muchísimo que denunciar, las aberraciones
cometidas contra los presos políticos se superan en horror unas a otras, y son
cometidas al amparo del ostracismo e invisibilización: por ello la solidaridad
con los presos políticos debe plantearse como una prioridad social. Hay presos
que pasan años metidos en calabozos [7], hay golpizas, humillaciones, torturas
físicas y sicológicas; hay presos empujados a la muerte porque se les niega la
asistencia médica [8], presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos
terminales que viven una tortura permanente, al serles negados incluso los
medicamentos contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares
cuando están totalmente indefensos.
Revelador es el caso del preso
político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino
ciego por la negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en
situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en
un pabellón lleno de paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y
al DIH [9] .
Hay varios presos políticos y de guerra que han sufrido el
asesinato de sus familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’
para la policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos,
sindicalistas y activistas sociales. Un caso de este drama es el del preso
político Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a presión por
parte la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra líderes
campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes
judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló
bajo montaje judicial a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de
asesinar también al niño de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos denuncia: “ fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo
contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis
Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia,
y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no
amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos
testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.”
[10] . Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la desaparición
forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de
María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El detenido político procedió
a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN
Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a
‘colaborar’ seguirían (…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que
colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico
y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El
CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la
policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas
que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como
‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente,
detenida en las famosas ‘capturas masivas’” [Ibíd.].
4.
Lo propio de un estado represor es negar su accionar: 9.500
presos políticos son un retrato de la realidad colombiana
Paralelamente a la huelga de hambre nacional, el cinismo del estado
llegó a tales niveles que voceros del gobierno salieron a negar la existencia de
presos políticos en Colombia [11], cuando es bien sabido que hay miles de
hombres y mujeres condenados por el“delito de rebelión” –tipificado en el
mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de
“terrorismo”, una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le
moleste al estado [12] y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el
descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos
que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles
encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a
las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas,
maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores
de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial
[13]. Por otro lado, también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto
social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el
estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente
política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol
con un dedo.
5. Algo está destrozado en la balanza de la
justicia
En Colombia se ha llegado a un extremo de clasismo que
niega el trato humano a miles de presos políticos, mientras que impone que toda
la sociedad priorice los temas que son impuestos desde las altas cúpulas del
poder económico y político. La comparación entre la nula cobertura informativa
sobre los presos políticos y de guerra en las cárceles por un lado, y por otro
lado aquella híper-visibilización sobre los presos de guerra en la selva,
destila el clasismo absoluto de la sociedad colombiana. Evidentemente los
monopolios mediáticos distorsionan hasta la saciedad: llamando
“secuestrados” a militares presos en combate, que son presos de guerra, y
por otro lado omitiendo absolutamente a los presos políticos y a los presos
políticos y de guerra en las cárceles colombianas.
Mientras la insurgencia de las FARC en un gesto humanitario libera a los 10
militares presos de guerra, caídos presos en combate, el gobierno colombiano
sigue pisoteando todo humanitarismo e intensificando la represión contra la
población: sigue con las capturas contra líderes sociales, con los montajes
judiciales, con los bombardeos descomunales con toneladas de bombas que
destrozan a los campesinos insurrectos mientras duermen [14]; con la persecución
política allende las fronteras contra civiles e insurgentes viejos y enfermos
[15]; el estado colombiano sigue con la tortura contra presos políticos y presos
políticos de guerra.
Los medios masivos explotan el drama humano de los
10 militares por años presos en la selva; pero no nombran a los miles de presos
políticos en las cárceles, que sufren reiteradas torturas. Y lamentablemente,
incluso aquellos que han puesto todos sus buenos oficios en obra para la
liberación de los diez presos de guerra en la selva, no ponen el mismo empeño en
la liberación de los presos políticos y de guerra en las cárceles: para los
presos lo que se plantea es solamente una Comisión de Verificación, pero no se
exige la liberación.
Curioso país y curioso mundo que estima que unos
humanos valen más que otros: por unos se exigió la liberación, por los otros se
pide permiso a un estado -que lo niega- para una Comisión de Verificación. Algo
está destrozado en la balanza de la justicia.
6. Aumento
vertiginoso de judicializaciones, hacinamiento carcelario y condiciones
degradantes
El estado hace constantes malabarismos para minimizar la
envergadura del hacinamiento y el aumento exponencial de encarcelamientos: no
obstante disponemos de las cifras reconocidas por el INPEC, y de informes de
organizaciones de DDHH, como el informe presentado ante el Comité de Derechos
humanos de la ONU [16 ], que expresa:
“En Colombia el índice de hacinamiento es de 41.7%. Un hacinamiento crónico
muy alto que constituye por sí sólo un factor de violación de los derechos (…)
imposibilita la convivencia pacífica entre los internos y les exige soportar
condiciones de vida violatorias de su dignidad. (…) Eduardo Cifuentes, ponente
de la sentencia que mostró la sistemática y alarmante violación de derechos
fundamentales en las cárceles [expresa]: ‘durante las inspecciones
judiciales realizadas a múltiples cárceles fue necesario suspender las
diligencias en la noche, ante la imposibilidad de caminar sin pisar las cabezas
de los reclusos que estaban acostados en el suelo.’ En penales como La Picota o
Jamundí, ‘la luz solar no entra ni siquiera por un tiempo limitado.’ Hecho
reconocido por el CDH como constitutivo de una violación de la dignidad.
El hacinamiento también ha sido denunciado por instituciones internacionales
y Gobiernos extranjeros. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos ha advertido que los prisioneros sufren malos tratos y
hacinamiento. Las condiciones en que viven los presos en Colombia fueron
tenidas en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para
negar la extradición de una personasolicitada por las autoridades
colombianas. De acuerdo con el Tribunal Europeo, el prisionero corría alto
riesgo de ser objeto de malos tratos durante su detención, producto de las malas
condiciones y de los abusos por parte de la guardia.(…) Con respecto a
las condiciones de salubridad existen serios problemas relacionados con el
suministro de agua y la falta de higiene de los espacios comunales. La
deficiente infraestructura trae problemas en el control de enfermedades
infectocontagiosas y plagas. La Procuraduría denunció esta situación, diciendo
que los penales se han convertido en cunas para ‘el desarrollo de enfermedades
infecto-contagiosas como tuberculosis, lepra, varicela, hepatitis A, hepatitis
B, VIH, sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, así como
para infestaciones por vectores de plaga’.”
La privación de agua
durante días en centros de reclusión como el de Valledupar, dónde las
temperaturas rondan los 35- 40 grados, constituye un agresión contra la salud e
integridad humana; los presos enferman debido al agua infectada, y las
infecciones no tratadas por negación de asistencia médica han producido
fallecimientos. “ Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten
en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance
for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene
materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG” [17]. E
n Bogotá
y lugares más fríos, una de las prácticas lesivas para la salud de los presos es
bañarlos con agua helada, y obligarlos a permanecer desnudos en patios con
temperaturas que pueden rondar los 5 grados [18] .
Denuncian los
presos:
"Las instalaciones del ERON-Bogotá no cumplen con las normas mínimas
consagradas por los protocolos internacionales (...) se nos obliga a hacer
nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho a la
intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una
población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones
de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas
del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su
ingreso(...) la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilita la
realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias."
[19] El Inpec informó que a marzo 2012 hay 105.474 personas en los 144
centros de reclusión. Además hay 22. 264 personas en detención domiciliaria,
1.678 en cárceles distritales, 1.198 en penales de la Fuerza Pública. Un total
de 130. 614 personas privadas de la libertad. El hacinamiento alcanza el 39.5%,
y aumenta día a día. A 31 de diciembre 2011 el hacinamiento era de 32.9%: el
incremento es del 6.6% [20].
7. El negocio de privar de
libertad: cárceles eternamente inconclusas e insalubres, y el Buró de EEUU
Hay un aumento vertiginoso de población carcelaria: “Tan solo en
el 2011 ingresaron a los penales colombianos 55.112 reclusos, y hubo un aumento
del 40% en la población carcelaria” [21]. El director del INPEC expresó que
el estado va a: “Trabajar por un sistema de concesión, una privatización del
sistema penitenciario” [22 ]. Se adopta el modelo estadounidense de
privatización, con la vulneración de los derechos humanos que esto conlleva.
La Campaña Traspasa los Muros denuncia: “El índice de hacinamiento es
un factor usado por el Gobierno para justificar la construcción de nuevas
prisiones sin resolver de fondo la problemática, persistiendo un estado de cosas
inconstitucionales en las cárceles declarado por la Corte Constitucional
mediante las Sentencias T-153/98 y T-606/98 .”[23]
Las
políticas represivas devienen un negocio en sí, en desmedro de la vida e
integridad de miles de humanos: “Plan estratégico de
quienes ven los establecimientos de reclusión como un negocio y no se plantean
políticas encaminadas a ‘buscar soluciones al hacinamiento por la vía normativa
(despenalizar delitos, reducciones de penas, creación de subrogados penales,
justicia terapéutica, detención domiciliaria, etc.).’ Por este
enfoque de masificar el sistema carcelario y penitenciario, hablamos de la
industrialización de las prisiones. A través de la USAID y del Buró Federal de
Prisiones de EEUU, el gobierno estadounidense diseñó el proyecto para la
construcción de nuevas cárceles(…) construcciones dirigidas al encierro y al
asilamiento como forma de castigo. Según un informe de la
Contraloría, ‘las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones
terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó
de $2.300 millones a $8.338 millones y los plazos de 36 meses se extendieron a
seis años y medio’. Además de los sobre costos se destaca que la entrega de las
nuevas construcciones ha sido incompleta; obras sin finalizar(…) por lo que
podríamos hablar de una corrupción deseada por parte de las instituciones con el
fin de mantener este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de
encierro y no tomar medidas para cambiarlas. Estas nuevas cárceles se encuentran
situadas en temperaturas extremas con construcciones que no responden a las
condiciones bioclimáticas, afectando deliberadamente la salud física y mental de
las y los reclusos.” [Ibíd.]
8. Aumento de la
represión, el problema es el modelo
La creación de nuevos cupos
carcelarios es ínfima frente al desproporcional aumento de las
judicializaciones. Asimismo el estado ha optado por elevar las penas. Como lo
expresa un informe realizado por los mismos presos políticos y de guerra, de
noviembre 2011:
“El problema es el modelo; un sistema que ejecuta
la política criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el
escenario político a través de la aplicación de la pena de prisión; un modelo
que privilegia la perdida de la libertad como castigo al opositor y como arma de
guerra contra la sociedad misma. El problema no es entonces el aumento de
criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en
criminales por las políticas represivas y de estigmatización aplicadas por
el Estado en contra de diversos sectores sociales. (…) hay variadas formas de
aplicación, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como castigo
inclemente a los sectores populares y al opositor: estas son, las capturas
masivas, los falsos positivos judiciales, los montajes judiciales, el pago de
informantes, la criminalización de la protesta social, entre otras. La
cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas
detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo,
consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta
el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la
privación de libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y
evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde
hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del
periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra,
teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se
ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato
judicial como instrumento de la guerra”. [24 ]
Gracias al incansable
trabajo de los familiares, de las organizaciones solidarias con los presos
políticos y a las valientes denuncias de estos, a inicios del 2012 se le da algo
más de visibilidad al tema. Tras el encuentro “Colombia Entre Rejas” de
febrero 2012, se adopta efectivamente la cifra más realista de 9.500 presos
políticos en Colombia, como cifra mínima referencial, a sabiendas que hay una
estrategia permanente desde el estado de maquillar los encarcelamientos
políticos.
9. En Colombia existen entre 9.500 y
21.199 prisioneros políticos: el estado se ensaña y maquilla la persecución
política
La Campaña Traspasa los Muros expresa: “ La
estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y
agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con
fines terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus
político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución
impide extraditar personas por delitos políticos] ”. [25]
A 31 enero de 2012, el INPEC informa que de las
102.292 personas privadas de libertad a la fecha, hay 21.199 personas
asociadas a ‘delitos que atentan contra la existencia y seguridad del
Estado’: “ Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito
político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean
juzgados por delitos comunes, al tiempo que son asociados con organizaciones
rebeldes, se puede estimar que en Colombia existen entre 9.500
y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos”. [26]
Al
perseguido y condenado político se lo invisibiliza desnaturalizando el carácter
político de su reivindicación, y se disfraza el ensañamiento estatal contra la
oposición política endilgándole a las víctimas de montajes judiciales un
sinnúmero de delitos comunes, asimismo se les endilga a los perseguidos
políticos civiles el ‘delito de rebelión’: “Los prisioneros políticos
denuncian que son sometidos a chantaje judicial por parte de funcionarios de la
Fiscalía General, con el propósito de aceptar cargos por rebelión, bajo el
argumento de correr riesgos de ser condenados por más delitos y ser sentenciados
a altas penas privativas de la libertad .” [íbid]
“El no
reconocimiento de la condición política de las y los prisioneros políticos
conlleva a que no sean separados debidamente de los presos vinculados al
paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone
en amenaza constante su vida. Esta situación de riesgo se extiende a familiares,
por este motivo muchos prisioneros políticos piden a sus seres queridos que no
les visiten para disminuir las posibilidades de agresiones”. [27]
10. Llamado a mayor solidaridad nacional e
internacional: La exigencia de libertad para los presos políticos es un
imperativo en el camino hacia una verdadera paz con justicia social
Hace falta encaminar de manera urgente
la solidaridad con este colectivo humano, castigado por su pensamiento crítico y
su lucha social, cuya existencia es testimonio de la realidad represiva que
sufre Colombia. Los presos políticos, sus familiares y las organizaciones que
los apoyan hacen reiterados llamados a la comunidad nacional e internacional a
que se exija el cese de la tortura y el cese de la tortura de negación de
asistencia médica; a que se revisen las condenas desproporcionadas impuestas a
los presos políticos y de guerra; a que se cese la modalidad de ‘secuestro
carcelario’ que tiene a miles de seres humanos presos por años sin juicio; a que
cesen los montajes judiciales y la utilización de falsos ‘testigos’ pagados o
coaccionados; a que cese el aislamiento familiar como forma de tortura
adicional; a que se respete el DIH y se haga la debida separación de los presos
políticos y los paramilitares; a que se exija la puesta en libertad de los
enfermos terminales y personas paralíticas o lisiadas, que por su situación
demandan casa por cárcel, medida que les es sistemáticamente negada, cuando sí
que se les otorga de manera sistemática esta medida a los pocos miembros de la
oligarquía que en rarísimas ocasiones pagan condenas –irrisorias- por conformar
paramilitarismo o/y practicar desfalcos billonarios al presupuesto público. Otra
de las exigencias urgentes es que cesen los asesinatos, las desapariciones, las
agresiones y amenazas contra los familiares y abogados de los presos políticos.
Los familiares han sido víctimas de una política del terror de estado que busca
castigar a los presos políticos, y sobretodo obligar a los presos políticos a
colaborar con la policía y dar falsos testimonios en los montajes judiciales
contra los miembros de organizaciones sociales.
Los presos, familiares y
defensores de DDHH, también piden a la comunidad nacional e internacional que se
exija el des-hacinamiento carcelario y que no sea a través de la lógica
represiva de construir más y más cárceles, lo que no soluciona el problema dado
el aumento exponencial de encarcelamientos: se trata de cuestionar las políticas
penales y la utilización del aparato judicial como un arma de guerra contra la
población y sus reivindicaciones. La exigencia de libertad para los presos
políticos es un imperativo en el camino hacia una verdadera paz con justicia
social y tolerancia política.
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NOTAS: * Este
texto es a la vez un texto autónomo y la IV Parte del dossier Colombia y
sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de
intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes
judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos
políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de
manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las
notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación: www.azalearobles.
[1] Alerta humanitaria máxima por hacinamiento: en La Picota hay
9.028 internos, cuando su capacidad es solo para 2.000 internos; en La Modelo
hay 6550 presos cuando está prevista solo para 2.700 internos http://www.youtube.
[2] “ El Inpec informó que a marzo 2012 hay 105 mil
474 personas en los 144 centros de reclusión. Además hay 22 mil
264 personas en detención domiciliaria, mil 678 internos en cárceles
distritales, mil 198 reclusos de los 10 penales de la Fuerza Pública.
Hay 130 mil 614 personas privadas de las libertad, según el
Inpec. El hacinamiento alcanza el 39.5 por ciento.” http://www.
[3] Intervención del representante a la Cámara Iván Cepeda, en
el Foro ‘Colombia Entre Rejas’, celebrado en febrero 2012 http://www.youtube.com/
[4] En marzo 2012 Noticias Uno publicó imágenes exclusivas de la
situación dantesca de hacinamiento en las cárceles colombianas: http://www.
[5] 617 presos políticos en huelga de hambre en marzo 2012: http://www.
[6] presos políticos en huelga de hambre fueron
castigados por la guardia http://www.rebelion.
[7] “Es de conocimiento público que los prisioneros políticos
y de guerra, y en general la población reclusa, que asciende a más de 130.000
personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran
los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad
humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión
alejados de la familia, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida
de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del
compañero Jorge Augusto BERNAL, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el
Estado hace 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en
la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los
40 grados, sin acceso a atención médica(…) Este es uno de muchos casos de
prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con
penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del
compañero Diomedes Meneses CARVAJALINO, en silla de ruedas, parapléjico por
torturas, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, le
ha sido ilegalmente negada. (…) Ante el aislamiento y castigo, y luego de
procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de
nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre con el compañero
Bernardo Mosquera MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas
respiratorios y del corazón, de 67 años, y ante sus problemas la única respuesta
dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados
gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de
algunos beneficios jurídicos (…) Estos entre muchos casos, deben ser
investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos
humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.” http://www.
[8] Cárceles en las que fallecen con escandalosa frecuencia los
presos políticos y de guerra. Negación de asistencia médica como tortura. Marzo
2012: Presos Políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención
médica: http://www.
Enero 2012 : "Están aumentando los casos de prisioneros
políticos asesinados" http://www.
[9] Preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos
amputados, que además devino ciego por negación de la debida asistencia médica,
y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin
presos políticos, con paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal
y al DIH. Aunque un juez determinó prisión domiciliaria , el
preso político Oscar Elías Tordecilla invidente y con los brazos amputados,
sigue encarcelado en situación limite . http://www.rebelion.
[10] Los crímenes de estado contra los familiares son utilizados
como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si los presos no
acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. Asesinan al
hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela y la policía amenaza a su
hijo de 6 años http://www.rebelion.org/
“ El agente de la SIJIN Juan
Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su
familia, y amenazó directamente a su hijo (…) Le dio un plazo para convertirse
en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial
colombiano.” Tras las amenazas: “la desaparición forzada y homicidio del
hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón,
familiar a cargo de su hijo.” http://www.
La niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y
asesinada por paramilitares, en impunidad 2012 http://insomne.info/index.php/
En libertad cinco campesinos de Santander y la familiar de
Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: pasaron 7
meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización
campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político
Peña Orjuela por su negación a fungir como testigo falso en los montajes
judiciales de la policía SIJIN. http://www.
[11] El cinismo llegó a tales niveles que voceros del gobierno
salieron a negar la existencia de presos políticos http://m.
[12] Miles de hombres y mujeres condenados por el ‘delito de
rebelión’: “(…) Existencia del delito político que además está reconocido por
la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos cómo los
representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el
país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.” http://www.
[13] ‘Secuestro Carcelario, montajes judiciales, ‘cibercafés
de la selva’ y persecución política allende las fronteras’ http://www.
[14] Gobierno colombiano sigue pisoteando todo humanitarismo:
sigue con los bombardeos descomunales que destrozan a los campesinos insurrectos
mientras duermen: en el mes de marzo fueron 2 campamentos, uno en Arauca y otro
en el Meta. http://www.semana.com/nacion/
[15] “El estado colombiano sigue con la persecución política
allende las fronteras contra civiles e insurgentes viejos y enfermos. Se cuentan
ya por decenas los perseguidos políticos -entre civiles e insurgentes-
entregados por el estado venezolano al estado colombiano, en total violación al
DIH y a la propia constitución venezolana, algunos han sido entregados heridos,
otros enfermos, violando todos los convenios internacionales (…) Entre los casos
más conocidos está el del periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado en
violación al DIH, privado de todo derecho a defensa; está también el cantor y ex
combatiente Julián Conrado que pidió asilo en Venezuela, capturado de civil, se
hallaba en Venezuela debido a estar gravemente enfermo, que lleva 11 meses en
detención ilegal en Venezuela, y contra el cual el estado colombiano ha violado
todos los plazos legales para un pedido de extradición; un caso reciente es el
de Alberto Chitiva Asprilla, un anciano con graves problemas físicos que fue
detenido en marzo 2012, y que de ser entregado sería también en total violación
al DIH, a la Convención de Ginebra, a la Convención contra la Tortura, dado que
está enfermo y que los fallecimientos en cárceles colombianas por tortura y
negación de asistencia médica son alarmantes.” http://www.
[16] Informe sobre la Situación Carcelaria en Colombia
presentado ante el Comité de Derechos humanos de la ONU, en el 2010, en el 99°
período de sesiones en Ginebra, Suiza, en respuesta en incompleto informe
presentado por el Estado colombiano. http://gdip.
[17] Se agrava situación en La Tramacúa, ‘La Jornada’, 17 de
mayo de 2011 http://www.
[18] M. A. Beltrán denuncia torturas y tratos degradantes en
ERON, Carta abierta de la familia Beltrán: “ El frío es atroz, los
prisioneros deben bañarse completamente desnudos con agua helada delante de todo
el mundo, no pueden permanecer durante el día ni un instante en sus celdas, no
reciben luz solar(…)” http://www.rebelion.
[19] Denuncian ERON como centro de tortura: 120 presos
políticos en desobediencia civil por condiciones de tortura e insalubridad http://www.
[20] Cada mes, 2.862 personas son privadas de la libertad
http://www.
[21] “Tan solo en el 2011 ingresaron a los penales
colombianos 55.112 reclusos, hubo un aumento del 40% en la población
carcelaria.” http://www.
[22] Ricaurte expresó que el estado va a: “Trabajar por un
sistema de privatización del sistema penitenciario” http://www.
[23] “El índice de hacinamiento es un factor usado por el
Gobierno para justificar la construcción de nuevas prisiones sin resolver de
fondo la problemática” http://issuu.com/
“(…) quienes ven los establecimientos de reclusión como un
negocio y no se plantean políticas encaminadas a ‘buscar soluciones al
hacinamiento por la vía normativa (…) El gobierno estadounidense diseñó el
proyecto para la construcción de nuevas cárceles (…) Según la Contraloría, ‘las
obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo
$908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones
a $8.338 millones’ (…) obras sin finalizar (…)por lo que se podríamos hablar de
una corrupción deseada por parte de las instituciones con el fin de mantener
este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de encierro (...)”
[24] Informe Situación Carcelaria: http://www.
[25] “ Otra estrategia usada contra los prisioneros
políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo,
narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas
con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la
extradición [el Art. 35 de la Constitución impide extraditar personas
condenadas por delitos políticos] ”. http://issuu.com/
[26] “Según el INPEC, a 31 enero de 2012, la población
privada de la libertad ascendía a 102.292, hallándose 21.199 de estas personas:
asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629),
terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro
extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18),
utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria
(1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito
político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean
juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo que son asociados con
organizaciones rebeldes, conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500
y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos.” http://www.
