La ONU solicitará explicaciones a los gobiernos de Colombia y Venezuela
Eliécer Jiménez Julio
Arlac-Ginebra-Suiza
Ante las oficinas del Alto Comisionado de la onU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Consejo Mundial de Iglesias y la comunidad Suiza, en sus distintas vertientes, fue denunciada la critica situación humanitaria que viven los 7.500 prisioneros políticos colombianos y se ha pedido la intervención directa de la onU para que fije su posición en el caso concreto de la deportación ydetención política que padece el periodista de nacionalidad sueca de origen colombiano y director de la pagina alternativa de noticias ANNCOL, Joaquín Pérez Becerra actualmente recluido en una prisión en Bogotá, Colombia, acusado injustamente de pertenecer a la insurgencia de las FARC-EP.
Una comisión encabezada por el abogado Ramiro Orjuela , quien cumple una gira por Europa dentro de la campaña "La protesta es un derecho, no es un delito"y quien es apoderado jurídico de Pérez Becerra, , junto con lideres del Polo Democrático Alternativo PDA-Seccional Suiza, Aipazcomun-Suiza, el Partido suizo solidariteS, Arlac-Suiza, entre otros entregarón una comunicación aNavanethem Pillay ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS de la onU, en el Palacio Wilson de Ginebra y se entrevistaron con funcionarios de los distintos grupos de trabajo entre ellos Detenciones arbitrarias, libertad de opinión y libre expresión, defensores de DD.HH, y el grupo de trabajo independencia de jueces y magistrados.
Así mismo miembros directivos del Consejo Mundial de Iglesias y la Organización Mundial Contra la Tortura les atendieron y han quedado sorprendidos por la forma como se viene criminalizando y persiguiendo la protesta y a la oposición en Colombia, donde además de encarcelarles acusándoles de terroristas, han asesinados centenares de dirigentes, cometido múltiples masacres, desplazado millones de personas para quitarles sus tierras, y amenazar en diversas formas a los lideres de oposición, todo esto en forma directa por parte de agentes del estado colombiano en conjunto y complicidad con los paramilitares que han venido y vienen siendo apoyados por el mismo gobierno nacional.
En el caso concreto de la OMCT, estudiarán la posibilidad de enviar una comisión internacional que visite las carceles colombianas a fin de verificar lacritica situación de los reclusos y en especial los prisioneros políticos.
La comisión colombo-europea, solicitó la intervención del Alto Comisionado para los DDHH, para que a través de los mecanismos establecidos en las Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos y comités de seguimiento del cumplimiento por los estados partes de los tratados universales en materia de DDHH), se garantice el cumplimiento de los Tratados Internacionales de derechos humanos respecto a los ciudadanos colombianos victimas de vulneraciones en su derechos fundamentales.
Las organizaciones antes citadas recibieron una carta que esta firmada por diversos colectivos colombianos y europeas entre ellas, "Colectivo de refugiad@s colombian@s en Asturias Luciano Romero Molina", COSALComité de Solidaridad con América Latina de España, Arlac-Intal-Bélgica, Asociación Jaime Pardo Leal (Suecia), Radio Café Stéreo (Suecia), Comité por la Liberación de Joaquín Pérez Becerra (Suecia), Agrupación de ex presos políticos chilenos de Suecia, Asociación de Solidaridad con Nicaragua - Carlos Fonseca Amador (Suecia), Comité por la Libertad de los Cinco (Suecia), Associazione Nazionale Nuova Colombia de Italia, AIPAZCOMUN-Ginebra, Communauté Genevoise d´Action Syndicale (CGAS), solidarités, Centre Europe Tiers Monde (CETIM) , ARLAC- Suisse y el Polo Democrático Alternativo- PDA-Seccional Suiza, entre otras.
LA ONU SE COMPROMETE A SOLICITAR EXPLICACIONES
Confirmó el abogado Ramiro Orjuela que: « La ONU se comprometió a solicitar a los gobiernos colombiano y venezolano las explicaciones correspondientes a la violación de la convención de Ginebra en materia del derecho de asilo, con relación al caso del comunicador de ANNCOL ,esperándose además por parte de la OMCT que está a peticiónsolicitada por los denunciantes, también actúe con los procedimientos correspondientes antes las instancias internacionales debidas »
«La ONU conoce perfectamente el caso de Joaquín Pérez y le esta haciendo seguimiento ya que el gobierno colombiano está tratando de fabricar nuevas pruebas diferentes a las ya «preelaboradas» en el famoso computador de Raúl Reyes, esto con el fin de condenar injustamente al periodista y en el peor de los casos hasta procurar su envío a una cárcel de los Estados Unidos».
Orjuela Aguilar, alertó en la necesidad de «continuar en la campaña no solo por la libertad de Pérez Becerra, sino de los otros 7.500 prisioneros políticos colombianos y llamó la atención de los colombianos y de la comunidad internacional para que se siga luchando por la libertad de todos estos colombianos cuyos únicos delitos han sido ser opositores a los gobiernos nefastos que hemos tenido en los últimos años».
En algunos apartes de la misiva entregada a la ONU y otras entidades internacionales, acá en Suiza, indican que «Constatamos en estos momentos la existencia de violaciones graves de los derechos humanos cometidos en Colombia por las autoridades del estado y por grupos armados al margen de la Ley, en el marco de un conflicto armado de varias décadas, ya reconocido como tal por el actual gobierno de Colombia. Constatamos además la gravedad de la honda crisis socio-política que afecta a todas y todos los colombianos, con incidencias fuera de nuestras fronteras y que como hemos venido exponiendo en eventos y tribunales internacionales, no proviene solo de los vínculos entre políticos , paramilitares y narcotraficantes y penetración de estos últimos en todas las esferas de la conducción del Estado, aunque hoy esta sea uno de los ejes principales, su complejidad no es un asunto de individuos sino que compromete a numerosos actores de la vida nacional y territorial, ligados a estratégicos intereses del Estado, de la empresas multinacionalesincluyendo al Ejecutivo».
Sigue indicando la carta de denuncia ante la onU y demás organismos internacionales acreditados en Suiza, que: «Las cifras tanto de victimas, como de victimarios, han sido sopesadas por su Oficina en Colombia, donde la manipulación estatal pretende minimizar, lo real es que la profundidad de la crisis humanitaria 4.700.000 desplazados, mas de 50.000 desaparecidos reconocidos por la propia Fiscalía de la Nación, 7.500 presos políticos, de los cuales solo un 10% son insurgentes, los demás sindicados de «insurgentes», de origen campesino, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos, persistiendo en ataques directos y de sus familias sin las debidas garantías; indígenas, intelectuales y artistas, que significan detenciones arbitrarias» En el plano sindical recordamos que somos el principal país donde se prohíbe en la práctica constituir sindicatos y se asesina a sus dirigentes «todo esto cubierto con un gran manto de Impunidad (98%)» sin olvidar la situación en materia de Derechos económicos, sociales y culturales, que demandan una actitud firme de organismos internacionales para que se desmonte este clima de terror, disfrazado de seguridad»
EN DEFENSA DEL ASILO POLITICO
En referencia a la detención del comunicador alternativo Sueco de origen Colombiano expresan :"Frente al caso de la detención del periodista Joaquín Pérez Becerra, asilado, de origen colombiano y con nacionalidad Sueca, entregado por Venezuela a Colombia invocando erróneamente el mecanismo de la EXTRADICIÓN, nos expresamos con un Comunicado a la Opinión Pública Mundial, que adjuntamos, recibiendo cientos de firmas, adherentes y de respaldo, pues sienta un precedente e intenta socavar el derecho de asilo y la práctica de la “ extradición” Este comunicado esta firmado por más de 600 organizaciones y personalidades de todo el mundo.
El asilo político es el derecho a ser protegido de la persecución padecida en su país de origen que tiene cualquier persona que sienta un fundado temor de ser perseguido por distintos motivos, entre otros ideas políticas.. Señala la misiva.
Resalta la comunicación que: "Como usted bien conoce la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, prohíbe expresamente la entrega al país donde haya sufrido el temor de ser perseguido -en este caso Colombia- , de cualquier persona que ostente estatuto de refugiado. Sin duda alguna, la entrega de Joaquín Pérez Becerra a Colombia efectuada por las autoridades de Venezuela ha vulnerado el derecho a la no devolución intrínseco a cualquier estatuto de refugiado según la Convención de 1951, lo que incluye sin duda el estatuto de refugiado concedido por Suecia al Sr. Pérez Becerra, como a si lo han manifestado las autoridades. Conviene igualmente poner de manifiesto que durante la detención y posterior entrega a Colombia del Sr. Pérez Becerra, las autoridades venezolanas no respetaron las previsiones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, toda vez que negaron a las autoridades suecas la asistencia consular a su nacional Sr. Pérez Becerra antes de ser entregado a Colombia."
Igualmente destacan que : Que el "Acuerdo de cooperación y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela", suscrito en Caracas, el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), en su articulo 3 excluye expresamente la detención de personas con el fin de que sean extraditadas.
En igual sentido, el Acuerdo de Extradición suscrito por las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, adoptado en Caracas, Venezuela en 1911, recoge la totalidad de los principios aplicables a los procedimientos de extradición, que se resumen en la necesidad de sustanciar un procedimiento judicial antes de acordar la entrega al estado que solicita la extradición.
Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal contempla la entrega temporal de detenidos entre países de la OEA, a efectos únicamente de realizar diligencias judiciales y con obligación de devolución al estado que ha entregado al detenido. Dicha Convención incluso contempla como causa de denegación de la entrega la negativa del afectado.
PIDEN INTERVENCION Y POSICION DE LA ONU
Finalmente indican en su misiva que "Por todo ello, convencidos de que la entrega de Joaquín Pérez Becerra a Colombia por Venezuela ha vulnerado los derechos fundamentales del ahora ciudadano sueco y antes refugiado colombiano, solicitamos su intervención para la emisión de una posición sobre este caso.
Hacemos un llamado para actuar contra la Impunidad y por una solución política, negociada al conflicto interno colombiano y por el respeto de los derechos humanos, con plenas garantías a defensores y defensoras; el respeto al derecho de los asilados y asiladas; por el desmonte real de grupos paramilitares, llamados de segunda generación; insistimos en el cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones hechas por la OACNUDH, el mismo Consejo de ddhh ; un llamado a las ETN a respetar el medio ambiente, la soberanía territorial, nuestros recursos naturales y no comprometerse en acciones que violen el derecho a la vida de las comunidades concluye la comunicación.
CRUZ ROJA INTERNACIONAL TAMBIEN CONOCERA DE LA SITUACION CARCELARIA
La próxima semana parte de esta comisión colombo-Suiza, será recibida por miembros de la Cruz Roja Internacional acá en Ginebra, organismo que se ha interesado en conocer nuevas situaciones de violación de derechos humanos en Colombia por parte del actual gobierno y en especial la infernal situación que se vive actualmente en las cárceles de este país suramericano.
La gira y campaña europea por la libertad de los presos políticos colombianos "La protesta no es un delito es un derecho" apoyada por una docena de organizaciones colombo-europeas con el abogado Ramiro Orjuela,defensor de Pérez Becerra, continua esta semana por España, después de su exitoso paso por Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Italia y Suiza donde habló con la prensa y estuvo presente en dos conferencias públicas en Ginebra y Berna respectivamente.
