Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL
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Joaquín Pérez y la Libertad de Expresión son víctimas de la cacería de brujas en el proceso político para enterrar el derecho de opinar. Joaquín fue amenazado a muerte por el Terrorismo de Estado durante varios años, especialmente después que fuera elegido por el pueblo del municipio de Corinto como concejal por dos periodos. Tuvo que irse al exilio para salvar su vida y fue recibido en Suecia 1994. Desde el año 2000 era ciudadano sueco. Pero no olvidó su patria y menos su pueblo luchador, por lo cual fundó la agencia ANNCOL y así siguió la lucha desde otros horizontes. Ahora el estado colombiano formaliza su venganza a través de la sentencia que puede dar al director de ANNCOL entre 8-18 años de cárcel.
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Joaquín Pérez Becerra y el pueblo, víctimas del terrorismo de estado colombiano y de EEUU
Por el Doctor Athemay Sterling Acosta *
Bogotá Septiembre 12 de 2012
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La privación arbitraria de la Libertad a Joaquín Pérez Becerra Director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia - ANNCOL - venía siendo fraguada con acciones terroristas estatales de Colombia desde la misma Embajada de este País esquinero de Sur América en Estocolmo Suecia y en otras Instituciones Diplomáticas colombianas que el sátrapa Álvaro Uribe Vélez convirtió en nido de espías ¡contrariando al Derecho Internacional!
Desde ese mismo momento toda actuación judicial soportada en montajes y “pruebas” mal habidas vicia todo proceso, pues el mismo Estado Colombiano a través del ya comprobado corrupto DAS, cuyos Directores anteriores están presos y una de ellas prófuga de la justicia colombiana, configuró a Colombia y a sus Instituciones como Estado Parte agresor de los Tratados Internacionales, por el irrespeto a los Derechos tanto Humanos como de los Pueblos.
Más aún cuando el sátrapa Presidente de Colombia AUV actuaba como sumiso a los intereses del Departamento de Estado de los EEUU en clara traición a la Patria, hace de esta actuación penal del enemigo, basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional yankee, centrada ahora en la Fiscalía General de la Nación, como nula en su totalidad, y será ahora el Tribunal Superior de Bogotá quien nulite todo lo actuado en contra de Joaquín Pérez Becerra por parte de la Fiscal 19 Antiterrorista en Bogotá.
Quiere decir todo esto de manera clara que contra Joaquín Pérez Becerra se configura un crimen realizado por sendos servidores públicos y también particulares desde empresas fabricantes de testigos falsos, pruebas ídem, como las prefabricadas por la Fundación Nueva Esperanza que dirige un señor Gustavo Muñoz Valencia, primo de Aurelio Iragorri Valencia Consejero de Santos, defensores ambos de la política de seguridad democrática que aún no termina en Colombia.
Este Señor Gustavo Muñoz Valencia y su fábrica de criminales para inducir a error judicial según los mismos medios de comunicación y los testigos contra el ex diputado sobreviviente de la muerte de los Diputados del Valle en poder de las Farc Ep, no sólo se atrevió a amenazarme de muerte, conducta totalmente criminal de la cual hice conocedora a la Fiscalía General de la Nación y que parece ser sospechosamente que archivó temporalmente esa acción que se abocaba contra este sujeto activo de conductas de delincuencia común para beneficio de intereses políticos de altos gobernantes. Acción penal que pido se reabra y a la UNP refuerce el Esquema Protectivo ya tantas veces solicitado por el suscrito y varias Fiscalías. ¿Qué estará esperando?
Aquí está el quid del asunto y no en las víctimas que sufren agresión del terrorismo de Estado Colombiano como Joaquín Pérez Becerra quien recorrió toda Europa legalmente y sólo de manera intempestiva la Interpol, Agencia yankee de la cual Colombia en su Soberanía se debe deslindar, secuestró en Maiquetía a este Comunicador Social de ANNCOL y lo deportó ilegalmente hacia Colombia.
Igual sucedió conmigo cuando en 2008 Bush y AUV, en connivencia con personas dedicadas a montajes judiciales interfirieron mi trabajo profesional como Abogado Defensor de Derechos Humanos, el acceso a la Justicia Internacional y el ejercicio de mis Derechos, cuando el suscrito iba hacia Washington a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y estos yankees que actúan como pedro por su casa en el Consulado Colombiano en Miami, me detuvieron arbitrariamente sin haber dado dos pasos completos en dicho territorio imperialista.
Recuerdo que en los juicios en la Corte en ese tenebroso País vulnerador de los Derechos en su territorio y en todo el mundo, se me sindicaba de ser el suscrito “enemigo de la seguridad de los EEUU” por ser dizque escritor, periodista y ser antiimperialista y fundamentalmente militante comunista. ¡Qué arbitrariedad!
De manera idéntica varios escritores, políticos de izquierda, periodistas han sido sus vuelos aéreos unas veces desviados para penalizar a estos colombianos que somos parte de la Oposición Política a este régimen que junto a los EEUU tiene a Colombia en este conflicto social y armado, que ahora por la sabiduría de las Farc-Ep se ha iniciado con el Gobierno que preside Juan Manuel Santos un proceso de Diálogos hacia el fin del Conflicto. Y que la Fiscalía quiere agudizar castigando a la Oposición Política y sus Derechos.
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Es en este contexto del conflicto colombiano, que el Presidente Santos y los Estados en todo el Planeta lo han reconocido como tal, y quienes hemos sufrido agresión estatal colombiana y de los EEUU junto a Joaquín Pérez Becerra, convirtiéndonos en víctimas, donde el Estado en vez de dar protección para ejercer los Derechos, da detención arbitraria soportada en pruebas mal habidas y montajes judiciales con sus testigos prefabricados que día a día caen como Gustavo Muñoz Valencia, uribista y paraco en su actuar delictivo, que la Fiscalía debe dirigir toda su potencia hasta llegar a AUV y a los determinadores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, de agresión y acciones genocidas, como JOG por ejemplo. Es un deber judicial, y no Re victimizarnos por pensar diferente al régimen político. ¿Dónde está la Democracia?
La hermenéutica contemporánea les debe enseñar, sino lo saben, que se debe interpretar no en el texto amañado sino en el contexto. No actúen con vicios caducos. Y no conviertan la justicia en tanque de guerra contra la oposición política colombiana. Pues ya nos sentimos Re victimizados.
Debe entender la Fiscal 19, el Juez de turno en este caso de Joaquín Pérez Becerra, el Tribunal Superior de Bogotá cuando subsidiariamente en Apelación tenga la Impugnación a este descalabro de la Iuris por la Fiscal 19 y el Juez de turno y todos los operadores judiciales que ellos no se pueden prestar para caer en errores judiciales inducidos por acciones terroristas estatales que se dirigen contra la oposición política colombiana, quienes tenemos Derechos Irrenunciables y que no pueden ser vulnerados.
Si estos Entes Judiciales y sus Operadores continúan actuando de esta manera consciente o inducidos a sabiendas, pues están prevaricando.
Yo les digo y pregunto: ¿Cuál es la razón para que en vez de perseguirnos a la Oposición Política, no abocan todo el magnicidio cometido por el terrorismo de Estado contra nosotros víctimas y también sobrevivientes del genocidio político estatal narco mafioso contra nosotros el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Movimiento Popular?
Están mora histórica para hacerlo, ni siquiera la Ley 1448 de 2011 con sus falencias que hemos indicado la tienen en cuenta para entender estos operadores judiciales que somos víctimas y no victimarios. El CAV de Cali, por ser Joaquín Pérez Becerra de Cali debiera asumir un papel importante de protección a él y su familia.
Mire el caso del pasado 29 de Agosto cuando la Policía en Cali en zafarrancho de combate urbano con sus armas cargadas apuntaron contra nosotros que somos personas protegidas allá en la carrera 66 con calle 14 de esa ciudad que sufre un alto índice de homicidios e impunidad pues nuestros muertos, nuestros amigos y camaradas desaparecidos por la Tercera Brigada en ese tiempo de 1985 como Pablo Caicedo, Marco Fidel Torres, Olga Bernal, Walter Álvarez y muchas y muchos más desaparecidos y nada ocurre con las investigaciones y condenas a los culpables.
La Fiscalía General de la Nación fue inducida a error judicial, en el caso del ex diputado sobreviviente de esa horrenda masacre a los Diputados de la Duma Valluna, por toda esa fábrica de negociantes de la muerte, Fundaciones como la Nueva Esperanza cuyo regente Gustavo Muñoz tuvo la osadía peligrosísima de amenazarme de muerte como lo ha hecho el también criminal grupo de las Águilas Negras, varios atentados sufridos, desde cuando la Derecha y agentes del Estado colocaron simultáneamente poderosas bombas explosivas en la Sede de la Unión Patriótica en Cali apenas salíamos de reunión multitudinaria en 1985 en la calle 9 con carrera 14 Barrio San Juan Bosco en Cali, desaparecieron a los días a Pablo Caicedo y un sinnúmero de nuestros militantes, bombas colocadas de manera coordinada por estos terroristas de Estado en la Casa de la Amistad con los Pueblo en la Calle 8 entre 8 y 9 de Cali, en pleno centro de la Sultana, igual en Fedetav y la Sede del Partido Comunista nuestra en Palmira Valle.
Toda una oleada punible organizada desde el mismo Estado hasta ahora, lo que configura por su actuar sistemático y permanente como terrorismo de Estado contra nosotros el movimiento popular colombiano y vallecaucano, pues no hay que olvidar que Joaquín Pérez Becerra, ex Concejal de la Unión Patriótica en varios períodos constitucionales, un eximio profesional, víctima desde ese tiempo y ahora Re victimizado por el mismo Estado a través del Código penal del Enemigo, es de Cali, y lo que hace la Fiscal 19 y el Juez de turno no es más que usar la justicia como arma de guerra, como en otrora era conducta nazi, y ahora conducta fascista, que no da credibilidad al actuar judicial colombiano.
Es el momento para que la Fiscal 19 Antiterrorista, el Juez de Turno y el Tribunal Superior de Bogotá con sus operadores judiciales no coadyuven el accionar terrorista de Estado, no nos Re victimicen más, no vulnere su misma Ley 1448 de 2011, no vulneren la Constitución Política Colombiana y menos los Tratados Internacionales sobre los Derechos que prevalecen y a la vez hacen parte de la misma Carta Superior Colombiana según sus Constitucionales 93 y 94.
Recuerde cada operador judicial que estos Tratados Internacionales son para cumplirlos o para cumplirlos, no tienen más opción, según lo que deben conocer por sus estudios del Derecho que el Principio del Pacta Sunt Servanda no es para incumplirlo. Es totalmente vinculante.
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Cuando una Rama o varias, o todas del Poder Público se convierten por voluntad, consciente por parte de sus Servidores Públicos en política sistemática y permanente como lo que ocurre en este caso y en Colombia, significa que la Democracia no existe, la Justicia es amañada, pues las Normas Jurídicas como expresión de la voluntad de las clases dominantes en el Poder político para defender intereses materiales y espirituales, y económicos en última instancia, todo lo actuado es totalmente nulo. Y Joaquín Pérez Becerra junto a todas y todos los presos políticos deben ser liberados ya mismo.
Por lo tanto el deber jurídico en el marco de los Derechos Universales es liberar de manera inmediata a Joaquín Pérez Becerra y a todas y todos los diez mil presos políticos y de conciencia privados de su libertad por ser Oposición Política. ¡Una aberración judicial! Que la Fiscal 19, el Juez de turno y el Tribunal Superior de Bogotá deben subsanar en pro de la Paz y la Convivencia.
De no hacerlo y como están utilizando la Justicia como Arma de Guerra dejarían de ser Servidores Públicos de la Rama Judicial y se convertirían en militares en conflicto con careta de operadores judiciales.
Pues un País que se precie de Democrático no puede tener 10 mil presas y presos políticos, y la llamada justicia colombiana pierde credibilidad, y sería la abanderada de la injusticia en todo el continente.
Es tanta la catástrofe judicial colombiana que varios presos y fundamentalmente mujeres valientes se han rebelado en la cárcel a seguir sometidas a los trámites y desarrollo de esta justicia clasista en contra del pueblo, de los trabajadores y la sociedad.
En homenaje a mi camarada y maestro Jaime Pardo Leal, ex Magistrado, Ex Candidato Presidencial de nosotros la Unión Patriótica ejecutado extrajudicialmente por militares colombianos desde un helicóptero del narco mafioso y paramilitar Rodríguez Gacha, le digo a todos los operadores judiciales afiliados o no en ASONAL, fundada por Jaime Pardo Leal, que todas y todos ustedes son trabajadores y su papel es estar siempre al lado de los trabajadores y del pueblo y nunca con el terrorismo de Estado, y quien quiera ser terrorista de Estado, pues que renuncie a esa designación y/o nombramiento y váyase a combatir de verdad, no le haga conejo a la Democracia, ni a la Justicia verdadera. Y no Re victimicen a quienes somos Oposición Política.
Y a la UNP, que entienda el Doctor Villamizar que los sobrevivientes del Genocidio Político estatal contra nosotros los Comunistas Colombianos, la Unión Patriótica y el movimiento popular requiere no ver, ni sentir disminuida la protección en momentos en se recrudece por todo lado la agresión a la Oposición Política desde dentro y fuera del mismo Estado.
Igualmente que la Libertad de Joaquín Pérez sea inmediata y para preservar su Derecho a la vida, a la salud y concordantes, antes que se muera por la desidia e incompetencia del INPEC se ordene a quien corresponda las dos o más cirugías que está esperando. Es un Derecho permanente de él que debe estar ya libre, con sus cirugías practicadas en bien de la Patria.
Si alguna agresión a nuestras vidas en integridad personal a nosotros y a nuestras familias de la Oposición Política y Activistas y Defensores de los Derechos, que ojalá no ocurra, responsabilizamos por anticipado al Estado, a la UNP y demás que conociendo peticiones de las diferentes regiones del País no acceden prontamente a las peticiones realizadas y además han minimizado sus responsabilidades protectoras.
Por toda arista estamos sufriendo la agresión terrorista de Estado, pues el Conflicto Social y armado, y ahora jurídico, no ha terminado, sino que se agudiza.
Sera la ONU, la OEA, el CICR y el pueblo organizado colombiano quienes en su papel actúen para propiciar de verdad la búsqueda de la Paz con Justicia Social, que incluye la jurídica también.
* Abogado Comunista Defensor de los Derechos, Ex Consejero y Ex Asesor Departamental de Paz en el Valle del Cauca en varias Administraciones del Gobierno, ex Candidato Gobernación Valle del Cauca Colombia.
Bogotá Septiembre 12 de 2012
